Asunción, 3 sep.- Líderes de comunidades indígenas paraguayas denunciaron hoy la paradoja de que su país acoja las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), al tiempo que no ha cumplido tres fallos emitidos por ese ente en su contra por violar los derechos de los nativos.
Miembros de la comunidad indígena Sawhoyamaxa se manifestaron hoy frente a la Corte Suprema de Justicia para reclamar que el Estado cumpla la sentencia emitida por la CorteIDH en 2006 en su caso.
Esta comunidad indígena, proveniente de la región occidental del país y formada por unas 500 personas, fue expulsada de forma violenta de su territorio ancestral hace unos 23 años por el ganadero alemán Heribert Roedel, quien continúa acosando a los nativos, según denuncia la organización no gubernamental Tierraviva.
La insistencia de los líderes de la comunidad, con la asistencia de Tierraviva y de otras ONG como Amnistía Internacional, llevó al Congreso a aprobar una ley de expropiación a su favor.
El presidente paraguayo, Horacio Cartes, promulgó la ley que manda expropiar 14.404 hectáreas al ganadero, que posee más de 40.000 hectáreas en la zona, algunas conseguidas de forma fraudulenta, según las ONG, pero la ley fue recurrida ante la Corte Suprema de Justicia.
Los sawhoyamaxa y las organizaciones civiles pidieron a la Corte Suprema que rechace el pedido de inconstitucionalidad presentado por el terrateniente.
"Si la Corte paraguaya tiene ánimos de cumplir con las sentencias de la CorteIDH debe rechazar la inconstitucionalidad. Si no es así, el Estado seguirá siendo un violador de los derechos indígenas y un prófugo de la justicia", explicó Eriberto Ayala, uno de los líderes de la comunidad.
Otra de las sentencias sin cumplir data de 2005, cuando la CorteIDH ordenó al Estado devolver a la comunidad Yakye Axa las tierras que les arrebataron terratenientes ganaderos hace casi dos décadas.
El Gobierno del presidente Fernando Lugo (2008-2012) impulsó la expropiación de esos terrenos, pero el Congreso tumbó el proyecto de ley en 2009.
Finalmente, esos nativos, pertenecientes al grupo étnico enxet, aceptaron otras tierras a 60 kilómetros de donde vivían antes, que el Estado compró y tituló a su nombre.
Sin embargo, los 350 miembros de la comunidad aún no han podido asentarse allí porque los ganaderos que poseen las fincas colindantes se niegan a permitir que se haga un camino por su terreno que las una con la carretera principal, según Tierraviva.
Por ello, esas 70 familias continúan viviendo en precarias condiciones al borde de la carretera, a la espera de que el Estado cumpla plenamente la sentencia, que determina que debe existir acceso libre a la tierra de ese grupo indígena.
La tercera sentencia de la CorteIDH sin cumplir perdura desde 2008 y afecta a la comunidad Xákmok Kásek, conformada por unas 350 personas, según las ONG.
La Corte ha dado a Paraguay hasta este mes para restituirles las tierras o tendrá que empezar a pagar una multa de 10.000 dólares por mes en favor de la comunidad, según Tierraviva.
El 76 % de los aproximadamente 116.000 nativos de Paraguay vive en situación de pobreza extrema, según datos del estatal Instituto del Indígena (INDI), en su mayoría debido a que fueron desposeídos de sus tierras ancestrales durante la dictadura (1954-1989) y en la primera década de democracia.
La CorteIDH realiza esta semana en el edificio de la Corte Suprema de Paraguay su 51 período extraordinario de sesiones, en las que ha analizado un caso de Honduras y otro de Perú.
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