Nueva Delhi, 2 nov.- El principal partido islamista de Bangladesh recibió esta semana dos duros golpes con la sentencia a muerte de su presidente, Motiur Rahman Nizami, y la condena hoy a la horca de otro de sus líderes, Mir Quasem Alí, por crímenes de guerra en el conflicto civil de 1971.
La condena de hoy supone la décimosegunda en los juicios por las crímenes contra la humanidad cometidos en la guerra que independizó Bangladesh de Pakistán, y la décima contra líderes de Jamaat-e-Islami (JI), partido islamista que apoyó a las fuerzas paquistaníes.
Quasem, líder de la milicia paramilitar Al-Badr en la segunda ciudad del país, Chittagong, fue hallado culpable de 10 de los 14 cargos de los que se le acusaba, entre ellos torturas, asesinatos, violación y secuestro, recogió el diario local The Daily Star.
"Mir Quasem ha sido sentenciado a muerte por el asesinato del luchador por la libertad Jashim y muchos otros que no han podido ser identificados y que fueron arrojados al río Karnaphuli", dijo el fiscal Zead Al Malum, de acuerdo con el medio digital bdnews24.
El político también fue condenado a 72 años de cárcel por los delitos de tortura y secuestro.
El acusado estableció centros de torturas en diferentes partes de la ciudad portuaria de Chittagong, de acuerdo con la sentencia del juez Obaidul Hassan, presidente del Tribunal Internacional Segundo de Crímenes de Guerra.
La defensa del líder islamista mostró su rechazo a la sentencia y anunció que apelará.
"La acusación no ha podido presentar documentos que prueben su presencia en Chittagong cuando los crímenes mencionados fueron cometidos. Quasem estaba en Dacca", afirmó el abogado Mizanul Islam, según Bdnews24.
Quaem, propietario de una televisión y un diario, fue además una de los principales figuras en la financiación de JI.
La sentencia llega cuatro días después de que el exministro y presidente de JI, Motiur Rahman Nizami, fuese condenado a la horca por tortura, violaciones, genocidio y asesinatos cometidos en el conflicto de 1971.
En la guerra que independizó a Bangladesh de Pakistán murieron 3 millones de personas, según datos no oficiales, puestos en duda por algunas investigaciones que sitúan el número de fallecidos entre 300.000 y 500.000.
Los juicios por crímenes de guerra son una promesa electoral de la primera ministra, Sheikh Hasina, de la Liga Awami, y casi todos los acusados y condenados pertenecen a JI.
"Estamos muy satisfechos y respetamos el veredicto. Se ha hecho justicia con este veredicto", dijo hoy el secretario general adjunto de la Liga Awami, Jahangir Kabir Nanak, en una rueda de prensa en Dacca tras conocerse la sentencia, según The Daily Star.
La cúpula del partido islamista ha sido descabezada con las condenas a cadena perpetúa o muerte de 10 de sus líderes, entre ellos Ghulam Azam (1922), nonagenario líder espiritual y secretario general durante el conflicto, que fue sentenciado a 90 años de cárcel.
Antes de las condenas de esta semana, Alí Ahsan Mohamed Mujahid (1948), secretario general, y Muhamad Kamaruzamán (1952), secretario general adjunto, fueron condenados a la horca en 2013.
Además, un tribunal de Dacca declaró el año pasado ilegal a JI como partido político por considerar que se trata de una formación religiosa que no reconoce al pueblo como la fuente del poder y que espolea la división entre comunidades.
JI no pudo participar así en las elecciones generales de Bangladesh a comienzos de año, comicios en los que Hasina renovó su mandato.
Con una población de 160 millones de habitantes con un 90% de musulmanes, Bangladesh ha mantenido una tradición de tolerancia religiosa en su corta historia.
Pero los juicios han polarizado a la población. El año pasado miles de personas tomaron durante semanas de forma pacífica la zona de Shahbag, en el centro de Dacca, para reclamar la pena de muerte a un islamista condenado a cadena perpetua.
Los radicales religiosos, por su parte, han organizado huelgas y protestas que han causado cientos de muertos.
Grupos islamistas y miembros del BNP han acusado a Hasina de crear el tribunal con fines políticos para eliminar a sus rivales políticos.
Las condenas han motivado protestas islamistas que han causado al menos 150 muertos desde comienzos de 2013 a manos de las fuerzas de seguridad, que ha ejercido un "uso excesivo" de la fuerza, denunció la organización Human Rights Watch.
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