El Tribunal de Cuentas ha indicado este jueves que la financiación pública de los partidos políticos en 2017 fue del 72% (170,6 millones de euros), mientras que la privada, que debe ser identificada, solo alcanzó el 28%, por lo que recomienda a las formaciones equilibrar la balanza para evitar situaciones de insolvencia y dependencia. Así consta en un informe de fiscalización de las cuentas anuales de los partidos políticos y de las fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de ellos correspondiente al 2017, una auditoría con la que se ha analizado las contabilidades de 25 formaciones políticas y las aportaciones recibidas por 39 fundaciones, 8 asociaciones y 3 sociedades mercantiles.
Recomienda a los partidos "la conveniencia de equilibrar la balanza entre la financiación pública y privada para evitar una excesiva dependencia de los ingresos públicos y, en consecuencia, posibles situaciones de insolvencia". Aclara que los ingresos públicos varían de forma significativa en función de los resultados electorales. El Tribunal de Cuentas considera que las finanzas anuales de 10 de 25 las formaciones políticas analizadas "no reflejan adecuadamente la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial".
"Los auditores han apreciado limitaciones al alcance que han afectado a nueve formaciones políticas, como consecuencia de la falta de integración en las cuentas anuales consolidadas de la contabilidad electoral, de parte de su organización territorial, o de las contabilidades de algunos partidos federados o coaligados, que no han podido fiscalizarse", explica. Además, en 2017 varias formaciones "presentaban situaciones de desequilibrio patrimonial" que desembocaron en algunos casos en situaciones concursales, según el tribunal.
El informe también recoge "determinados incumplimientos" relativos al artículo 17 de la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos, en concreto, sobre la falta de identificación de los donantes que han realizado aportaciones y "por haber ingresado donaciones que en conjunto podrían exceder el límite máximo en cómputo anual". "Estas infracciones podrían ser sancionables en vía administrativa por el Tribunal de Cuentas, encontrándose actualmente los expedientes sancionadores en proceso de tramitación", añade.
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