Pekín defiende independencia de sus tribunales en año de mediáticos juicios

Pekín, 9 oct.- El Gobierno chino publicó hoy el "Libro Blanco de la Reforme Judicial", un documento en el que defiende la independencia de los tribunales respecto al régimen, en un año de procesos sensibles, como los del ex líder comunista Bo Xilai, su esposa Gu Kailai y el jefe policial Wang Lijun.

Según el informe, difundido íntegramente por la agencia oficial Xinhua, China se encuentra en un proceso de reforma judicial "para asegurar que los tribunales y fiscalías ejerzan justa e independientemente", de forma que "se salvaguarden los derechos e intereses legítimos del pueblo".

El extenso documento reconoce asimismo que "los defectos y rigidez del actual sistema judicial chino y de su mecanismo de trabajo, son cada vez más visibles, y necesitan ser mejorados gradualmente a través de reformas".

Los tribunales chinos han sido protagonistas informativos del año por los juicios a Gu (condenada a muerte en agosto por el asesinato de un empresario británico, aunque la pena podría ser conmutada a cadena perpetua) y a Wang ("mano derecha" de Bo) sentenciado a 15 años de prisión en el mismo escándalo que rodea al ex ministro de Comercio y destituido secretario comunista en Chongqing.

Bo, acusado de corrupción y otros "graves delitos", según el Partido Comunista de China, previsiblemente también será juzgado este año, en un caso que algunos analistas ven como un síntoma de las luchas internas de poder en la formación gobernante ante el relevo de su cúpula en noviembre próximo.

Frente a ello, el libro blanco defiende la independencia de los tribunales, asegura que el "imperio de la ley" está siendo paulatinamente instaurado y que hay un "fortalecimiento de la protección de los derechos humanos", en contraste con las críticas de la comunidad internacional al respecto.

Por ejemplo, señala que la enmienda a la Ley de Procedimiento Penal aprobada este año establece "con claridad" la prohibición del uso de la tortura para la extracción de confesiones o la obligatoriedad de grabar en vídeo y audio los interrogatorios "en procesos por crímenes castigables con la pena de muerte".

Sobre la pena capital, que en China afecta a unos 3.000 acusados anualmente (según cifras de Amnistía Internacional, a falta de datos oficiales), el documento publicado hoy señala que el régimen comunista "mantiene la pena de muerte, pero la controla de forma estricta y la aplica prudentemente".

En este sentido, añade el informe, reformas legales en 2011 disminuyeron un 19,1 por ciento el número de delitos que pueden ser castigados con la pena de muerte, además de establecer que ésta "no debe usarse en general" para reos mayores de 75 años.

Sobre otro punto frecuentemente criticado por organizaciones de derechos humanos, los trabajos forzados en las prisiones chinas, en el informe se señala que los internos de las cárceles son pagados por estas labores, que llevan a cabo cinco días a la semana y son parte de programas de reinserción.