Hace casi un año, el pasado mes de febrero, el Gobierno protagonizó un bochornoso espectáculo, cuando, en cuestión de horas, modificó el documento de propuesta de reforma de las pensiones enviado a Bruselas.
La polémica desatada al conocerse su intención de elevar de 15 a 25 años la base de cálculo de la pensiones desató tal polvareda que el Ejecutivo modificó el informe original, alegando que tal idea era "sólo un ejemplo".
Sin embargo, el tiempo ha ido poniendo las cosas en su sitio y, lo que entonces parecía una aberración, ahora puede convertirse en el punto de acuerdo que permita aprobar una reforma de pensiones medianamente consensuada.
Sobre todo, porque el caballo de batalla del Ejecutivo está ahora en su propuesta de elevar la edad legal de retiro hasta los 67 años, frente a los 65 actuales, no en la base de cálculo.
Tanto los sindicatos como los partidos de la oposición rechazan esta medida y abogan por incentivar el retiro tardío, en vez de imponerlo. Una propuesta que quedó recogida en el Pacto de Toledo.
Consciente de este rechazo generalizado, el Ejecutivo está buscando fórmulas que le permitan renunciar a esta medida, pero compensándola con otras. Y aquí entra la idea de ampliar la base de cálculo.
Según fuentes conocedoras de las negociaciones que el Gobierno está manteniendo con los sindicatos, éste se ha mostrado dispuesto a sustituir esta propuesta por la obligación de elevar a 25 años la base de cálculo, frente a los 20 años inicialmente pactados.
Con este incremento, según los cálculos que hizo el Ejecutivo en febrero del año pasado, el Estado podría ahorrarse la espectacular cifra de 42.000 millones de euros.
Un acuerdo en esta línea supondría incrementar en una década, y de golpe, el número de años que se toma como referencia para establecer el importe de cada pensión.
Hasta ahora, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, se había mostrado partidario de elevar a 20 años la base de cálculo y, poco a poco, ir subiéndola hasta los 25 años. Sin embargo, este nuevo escenario contemplaría hacerlo todo de golpe.
En línea con el Pacto de Toledo
La Comisión del Pacto de Toledo acordó el pasado mes de diciembre incrementar el número de años que se tienen en cuenta para calcular las pensiones hasta toda la vida laboral, una medida todavía más radical de la que está actualmente sobre la mesa de las negoaciones de Gobierno y sindicatos.
En concreto, la Comisión defiente que"el cálculo de la pensión debe realizarse sobre los periodos de cotización real", lo que llevado al extremo supone extender a toda la vida laboral los años a tener en cuenta.
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