Personas con discapacidad y menores tendrán un trato especial en el futuro estatuto de la víctima

Las personas con discapacidad y los menores de edad tendrán un tratamiento especial en el Estatuto de la Víctima que está elaborando el Ministerio de Justicia, con el fin de otorgarles una mejor protección y una mayor garantía cuando se vean implicados en trámites procesales.
Fuentes gubernamentales explicaron a Servimedia que el futuro Estatuto de la Víctima, que el viernes recibió el visto bueno del Consejo de Ministros para iniciar su elaboración, recogerá en gran medida las recomendaciones planteadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
El departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón pretende que el futuro Estatuto de la Víctima dote con un régimen asistencial y jurídico de mayor protección a las víctimas especialmente vulnerables: menores, personas con discapacidad, víctimas de delitos sexuales, de trata de seres humanos, de terrorismo, de violencia sobre la mujer y de grandes siniestros con víctimas múltiples.
Las personas con discapacidad se verán beneficiadas, de este modo, al adaptar a la legislación española las recomendaciones de la Unión Europea, sobre todo a raíz de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo aprobada el pasado 12 de septiembre.
En particular, la futura Ley del Estatuto de la Víctima del Delito recogerá textualmente que los colectivos más vulnerables, incluido el de la discapacidad, merecen "un régimen asistencial y jurídico que va más allá del general" establecido para el resto de las personas.
TRATO ESPECIAL
Las personas con discapacidad podrán así recibir un tratamiento singular de acuerdo a sus necesidades. Las fuentes consultadas aseguraron que, entre otras cosas, se garantizará el uso de la lengua de signos cuando haya implicadas personas sordas o sordociegas.
Las víctimas incluidas en el Estatuto que está redactando el Ministerio de Justicia podrán recurrir las decisiones de especial trascendencia que se adopten, como la concesión de la libertad condicional o el alzamiento del periodo de seguridad, si no se ha indemnizado el delito cometido o si existe peligro para el afectado.
Gran parte del contenido referente a las personas con discapacidad parte de las propuestas que el Cermi ha trasladado en los últimos meses al Ministerio de Justicia, entre las que destaca culminar la adaptación normativa en el ámbito de la Justicia a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Una de las principales preocupaciones de este colectivo pasa por la necesaria mejora de la accesibilidad universal de las dependencias, instalaciones, servicios, procedimientos y canales de información y comunicación, incluidos los digitales, de la Administración de Justicia.