Sevilla, 16 oct.- La Fiscalía de Sevilla ha pedido trece años de cárcel para José Salas Burzón, dueño de la inmobiliaria Contsa, acusado de una presunta estafa piramidal tras la cual su empresa ha quedado en concurso de acreedores con 1.658 afectados y un déficit patrimonial de 87 millones de euros.
El escrito de acusación, al que ha tenido hoy acceso Efe, explica que Salas creó su empresa en 2000 y "para aparentar una solvencia de la que carecía acometió un fuerte aumento de capital social, siempre ficticio, que no respondía a la realidad".
El acusado, que estuvo dos años en prisión por estos hechos entre 2008 y 2010, comenzó a captar inversores con la promesa de unos rendimientos de entre el 5 % y el 45 %, aunque el más habitual era el 20 %, según el fiscal.
Afirma la acusación que la empresa gestionada de manera personal por Salas "continuaba en una suerte de huida hacia adelante" donde captaba nuevos inversores para pagar intereses, de modo que llegaba a repartir al menos 20 millones de euros al año.
Ya a finales de 2007 "la insolvencia de la sociedad era evidente" y Salas Burzón cesó lo pagos con un pasivo de 86 millones de euros, pese a lo cual "el acusado continuó captando clientes bajo la supuesta existencia de una empresa saneada", sostiene el fiscal.
En febrero del 2008, al conocer que dos afectados habían solicitado concurso de acreedores, el empresario presentó solicitud de concurso voluntario alegando dificultades de tesorería "debido a la coyuntura económica e inmobiliaria del país".
En dicha solicitud, según la Fiscalía, incluyó "entre otras mendacidades" que solo tenía 609 acreedores y un pasivo de 49 millones.
La realidad es que la lista total de acreedores asciende a 1.658, por lo que "más de mil no figuraban en la contabilidad de la empresa ni en la relación presentada al juzgado de lo Mercantil", dice la Fiscalía, ya que esos acreedores "tan solo constaban en una lista B que manejaba el acusado".
En medio centenar de folios, el escrito de acusación relata las presuntas maniobras de Salas para "dotar de más opacidad" a su compañía y no someterla a las preceptivas auditorías.
Además, le imputa que al menos desde noviembre de 2007, al ser conocedor de "lo insostenible de la estructura creada y consciente de su inminente insolvencia al cesar en los pagos de los intereses, comenzó a distraer bienes de la mercantil y titularidades de la masa activa del mismo".
La Fiscalía, que ha dejado fuera de la acusación a una decena de empleados de Contsa que fueron imputados por la juez de instrucción 17, sí que acusa a la esposa del empresario, María del Carmen Bautista, para quien pide seis años de cárcel como cooperadora necesaria.
En cuanto al empresario, solicita tres años de cárcel por un presunto delito societario, siete por falsedad en concurso con un delito de estafa y otros tres años por insolvencia punible.
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