Piden a la monja imputada por el robo de niños que colabore con la justicia

  • Unas 25 personas se han concentrado esta noche frente al convento donde vive sor María, la única imputada por el robo de niños utilizados para adopciones ilegales desde la época franquista a la democracia, para pedirle que diga la "verdad" y colabore con la justicia.

Madrid, 11 abr.- Unas 25 personas se han concentrado esta noche frente al convento donde vive sor María, la única imputada por el robo de niños utilizados para adopciones ilegales desde la época franquista a la democracia, para pedirle que diga la "verdad" y colabore con la justicia.

Esta protesta se ha producido en vísperas de la declaración que realizará mañana la religiosa María Gómez Valbuena ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que investiga la causa de los "niños robados".

En esta concentración "silenciosa" frente a la residencia de las Hermanas de la Caridad, en el madrileño barrio de Chamberí, los asistentes han solicitado con carteles a la religiosa que colabore con la justicia y diga la verdad, según ha explicado a Efe la presidenta de la asociación "Todos los niños robados son también mis niños".

Sor María, que tiene cerca de 80 años, deberá declarar ante el juez por la denuncia de María Luisa Torres, una madre que la acusa de haberle arrebatado a la hija que tuvo en marzo de 1982 en la clínica Santa Cristina de Madrid.

Luque ha subrayado que el principal objetivo de esta concentración ha sido mostrarle su deseo de que mañana declare "de acuerdo con la verdad" de lo que sucedió en aquella época.

Mañana también coincidirá esta declaración con el encuentro de los ministros de Interior, Justicia y Sanidad, Jorge Fernández, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Mato, respectivamente, además del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, con los representantes de las asociaciones de afectados por la causa de los niños robados.

La reunión, que tendrá lugar en el Palacio de Parcent, sede del Ministerio de Justicia, es la segunda que tiene el Gobierno con las asociaciones, ya que el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, mantuvo el pasado 10 de febrero una primera toma de contacto con ellas.

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