Las relaciones laborales entre Podemos y algunos de sus empleados sigue generando problemas al partido morado. Los de Pablo Iglesias han recibido un nuevo revés con respecto a su decisión de prescindir de aquellos trabajadores que, en la mayoría de casos, no son afines a la actual dirección que salió de la asamblea de 2017, Vistalegre 2. El protagonista ha sido el exdiputado Miguel Vila, que ha conseguido que la justicia le dé la razón tras denunciar que la formación le despidió de manera irregular. Un caso que se suma a otros, también judicializados. Y que trae más problemas a una marca política que se vale de la reforma laboral que quiere derogar para prescindir de aquellos con los que no quiere contar, normalmente, por motivos ideológicos.
El precedente del despido nulo
No es la primera vez que un juez rechaza la manera de ejecutar un despido por parte de Podemos. El caso más conocido se dio en La Rioja el pasado febrero, cuando un juzgado de lo Social anuló la extinción del contrato de Germán Cantabrana, entonces portavoz del grupo parlamentario en la cámara regional. El partido justificó esta decisión con que así lo aconsejó un informe del Comité de Seguridad y Salud laboral. Un argumento especialmente llamativo, ya que Cantabrana abandonó la política antes de las elecciones municipales y autonómicas por padecer una enfermedad.
La sentencia rechazó las alegaciones de la formación y señaló que prescindieron del afectado por los "continuos conflictos internos y luchas de poder por controlar el grupo parlamentario, vinculados a la libertad ideológica". El exdiputado autonómico pertenecía al sector crítico que no respaldo a Pablo Iglesias en Vistalegre 2. Lo que motivó un conflicto en las primarias regionales en el que incluso intervino la justicia para anular las decisiones que llegaban desde Madrid. El partido acabó por retirar el recurso el verano pasado. Antes, Cantabrana escribió en su carta de despedida que había sufrido las "cloacas de Podemos" y acusó a la dirección de "premiar a los acosadores" que fueron contra él.
Miguel Vila, el último "represaliado"
Este exparlamentario fue uno de los fichajes del partido para los comicios del 20 de diciembre de 2015, en los que fue elegido como diputado, tal y como ocurrió en la repetición electoral de junio de 2016. Antes de llegar al Congreso, Vila ya era trabajador de la formación desde 2014 como técnico de imagen y sonido. Por esta razón, y después de que le comunicaran que no repetiría en las listas del 28 de abril a pesar de "hacer un buen trabajo", solicitó al término de legislatura la indemnización por transición para sus señorías y posteriormente la que le correspondía por el cese de su actividad pública. A la vez, empezó a tramitar su reingreso como trabajador del partido, debido a que se encontraba de excedencia forzosa por su ejercicio de cargo público.
Esta solicitud fue rechazada por Podemos, alegando que Vila había reclamado fuera del plazo estipulado y que había presentado una baja voluntaria. Una reacción que, como denunció el afectado, se produjo porque en Vistalegre 2 apoyó las tesis de Íñigo Errejón. Ambos extremos fueron rechazados durante el juicio y confirmados posteriormente en la sentencia. De hecho, la jueza establece que el comportamiento del partido morado fue una "reacción ilícita frente a la afinidad política", admitiendo el argumento del demandante de que fue "represaliado".
En conversación con este diario, Vila asegura que lo ha pasado mal hasta que se ha conocido la sentencia debido a que se quedó sin derecho a paro por el movimiento de Podemos. Ahora, y como dicta la sentencia, espera su readmisión como trabajador. "El ambiente que me encuentre es lo de menos, es mi derecho", señala el exparlamentario, que se descarta para repetir como diputado en las listas de Más País junto a Íñigo Errejón. Sobre las palabras de Irene Montero señalando que acatarán la sentencia aunque Vila sea "de otro partido", éste acusa a la dirección del partido de "atacar derechos fundamentales". "Lo que faltaría es que alguien que trabaje en un sitio no pueda tener la afinidad ideológica que considere. Es como si obligasen a los trabajadores de una empresa que logra contratos de un partido a votarlo", insiste.
El uso de la reforma laboral... que quieren derogar
Las contradicciones de Podemos en cuanto a sus empleados se han resaltado cuando ha utilizado la reforma laboral, que siempre ha estado en su punto de mira, para despedir con peores condiciones a aquellos de quienes prescinde. Y en algunos casos bajo la sospecha de que se les echó por motivos políticos. Ocurrió también este año, cuando se conoció que se ejecutó la extinción de un grupo de trabajadores que eran afines a Íñigo Errejón apenas dos meses después de que fundase Más Madrid.
Los afectados fueron 11 de los 126 trabajadores, y que recibieron la indemnización mínima de 20 días por "causas objetivas". Una decisión que significó valerse de la legislación impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy, y optar por la vía menos favorable para el afectado cuando existía la posibilidad de ejecutar un despido improcedente con 33 días por año trabajado. Como informó eldiario.es, el partido se defendió con "motivos de organización" y señaló que lo hacían ante la previsible caída de ingresos en las generales del 28 de abril.
Indemnización mínima en contratos de obra
Los de Iglesias han sido especialmente beligerantes con los abusos que se hacen con los contratos temporales y los de obra y servicio, señalando que son un foco de precariedad y de inestabilidad para los trabajadores. Por eso presentaron en julio del año pasado una iniciativa para modificar las condiciones de los mismos, por ser la modalidad "que más ha canalizado el fraude en la contratación temporal". En la misma, proponía elevar la indemnización por despido a los 20 días frente a los 12 actuales.
Solo unos meses después, y tras la convocatoria de las elecciones de abril, el partido despidió a sus asesores en el Congreso abonándoles 12 días por año trabajado. Es decir, hizo lo mismo que con la reforma laboral: aplicó la legislación vigente que quería modificar e incluso derogar para mejorar lo que recibirían los despedidos. Como relató 'El Confidencial', la dirección morada aseguró que no podía mantenerles en nómina tras la disolución de las Cortes porque sería ilegal. Algo que no se corresponde con lo hecho por otros partidos, que sí mantuvieron a estos asesores.
Los casos anteriores y el último de Miguel Vila han envuelto a Podemos en una polémica más cuando apenas queda un mes para las elecciones del 10 de noviembre. Una situación que evidencia, por un lado, que la dirección de Pablo Iglesias ha ejecutado despidos o ha prescindido de empleados por tener una afinidad política distinta a la de los líderes. Por otra, que no renuncia a aplicar la legislación laboral actual y no ofrece unas mejores condiciones a los despedidos, lo que supone toda una contradicción con los programas electorales que ha presentado desde el año 2015.
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