Polémica sobre concepto de desaparición forzada en caso Palacio de Justicia

Brasilia, 13 nov.- La fase oral del proceso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sigue contra el Estado colombiano por la toma del Palacio de Justicia, en 1985, concluyó hoy con polémicas sobre el concepto de desaparición forzada.

La última audiencia de la CorteIDH en Brasilia estuvo signada por diferencias entre el Estado y familiares de las víctimas en relación a los desaparecidos que dejó esa cruenta acción del Movimiento 19 de Abril (M-19) y la encarnizada respuesta del Ejército que le siguió.

La justicia colombiana ha reconocido que, además de un centenar de muertos, en el asalto al Palacio de Justicia hubo al menos once desaparecidos, aunque para algunos organismos de derechos humanos fueron doce o más.

El abogado Julio Andrés Sampedro, de la Agencia de Defensa de la Nación, dijo ante la CorteIDH que en algunos casos denunciados no cabe el concepto de desaparición forzosa y que en otros no existen las debidas pruebas.

"Hay casos en los que no se encontraron indicios de desaparición forzosa y en que las denuncias se apoyan en algunas declaraciones" que no son concluyentes, indicó Sampedro.

El abogado subrayó la "preocupación que el Estado colombiano ha tenido con los derechos humanos en los últimos años" y su "rechazo absoluto a la desaparición forzosa", pero subrayó que en algunos de los casos relacionados a la toma del Palacio de Justicia "no hay pruebas de esos hechos".

Sampedro planteó incluso la diferencia entre el concepto de desaparecido por razones políticas y "el desconocimiento del paradero de las víctimas".

Esa diferenciación enervó a los familiares de las víctimas, que respondieron a través de la abogada Viviana Krsticevic, miembro del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que asiste a los deudos de los desaparecidos.

Krsticevic se declaró "sorprendida por esa declaración", que calificó como "un maltrato más a las víctimas" y a sus familiares.

"Hemos probado reiteradas veces que los desaparecidos no están perdidos, que son personas que fueron detenidas y que no aparecieron más. Hemos probado que ha habido amenazas y que, además de personas, desaparecieron pruebas, y eso fue obviamente con el ánimo de limitar las posibilidades de investigar cabalmente estos hechos", manifestó.

En la última audiencia también declaró Jaime Castro, quien era ministro de Gobierno (Interior) de Colombia en 1985, y afirmó que el único objetivo del M-19 con ese ataque era la "toma del poder".

El exministro negó la tesis de que el Gobierno del entonces presidente Belisario Betancourt hubiera facilitado la toma del Palacio de Justicia al retirar un fuerte operativo de seguridad que había en la capital colombiana.

Explicó que el refuerzo de la seguridad obedeció a una visita oficial que días antes de esa acción hizo a Bogotá el entonces presidente francés, François Mitterrand, y admitió que la presencia de soldados en las calles fue relajada una vez que éste dejó el país.

"Cuando asaltan el Palacio de Justicia tenían el propósito claro de usurpar el poder", pues "sostenían que la revolución era hecha con sangre y que no podía existir compasión", declaró Castro.

Dijo además que, desde el mismo momento en que la sede de la Corte Suprema fue ocupada, el 6 de noviembre de 1985, "el Gobierno propuso una negociación", pero que la única respuesta que encontró en la guerrilla fue que "ellos estaban ahí para vencer o morir".

Castro reconoció que Betancourt ordenó a los militares el inicio de una "operación de guerra" para recuperar el Palacio de Justicia, pero aseguró que lo hizo con la estricta recomendación de que fuera "respetada la vida de los rehenes, los magistrados e, inclusive, de los asaltantes".

Según el exministro, a partir de ese momento la "responsabilidad" por la acción armada pasó a ser responsabilidad "exclusiva" de los jefes militares.

Concluida hoy la fase oral, el Estado colombiano, los familiares de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que remitió el proceso a la corte, tendrán un plazo aún no establecido para presentar sus últimos alegatos por escrito.

Tras un último análisis de esos documentos, la CorteIDH dejará el caso visto para sentencia, la cual espera dictar durante el próximo año.