Santiago de Compostela, 28 feb.- La Ley de Medidas Temporales de Empleo Público de Galicia ha sido aprobada hoy por el PP con el rechazo frontal de la oposición y entre protestas de funcionarios que llegaron a tener reflejo dentro del hemiciclo donde se celebraba la sesión plenaria.
El debate sobre esta normativa, cuyo proyecto aprobó la Xunta el 16 de febrero, se inició con la polémica sobre su tramitación por la vía de urgencia que no evitó que el PP le haya dado en solitario luz verde definitiva, mientras PSdeG y BNG le acusaban de "fraude de ley" y de "aplicar el rodillo" de su mayoría parlamentaria.
En su intervención en el pleno, la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, ha defendido la ley, que supondrá un ahorro anual de unos 80 millones de euros, como "necesaria, oportuna e imprescindible" y la opción "más favorable" de las que se tienen adoptado en otras comunidades autónomas porque respeta el salario de los funcionarios.
Entre las medidas que figura en la ley está recortar el cobro de la baja por incapacidad temporal, eliminar tres días de asuntos propios, o la posible reducción de hasta un tercio de la jornada laboral, así como la suspensión temporal del plus de altos cargos y la revisión de salarios y dietas de directivos públicos.
Fuera del Parlamento, unas 2.500 personas, según fuentes policiales, convocadas por UGT, CCOO, CIG y CSIF, se manifestaron para protestar contra esta reforma, con el lema "En defensa de los servicios públicos. No a los recortes de nuestros derechos", y cortaron el tráfico en la Rúa do Hórreo.
La protesta llegó a la tribuna de invitados del Parlamento, donde varias personas, que fueron expulsadas tras interrumpir unos minutos el pleno, exhibieron papeles con "No al recorte de los servicios públicos".
El portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, acusó a la oposición de "intento de filibusterismo parlamentario" cuando PSdeG y BNG reclamaron la retirada de la ley e intentaron impedir que se tramitase por la vía de urgencia.
Pero esto fue solo el inicio de un debate en el que hubo cinco votaciones hasta completar todo el trámite, incluido el rechazo a las enmiendas a la totalidad presentadas por socialistas y nacionalistas, que han mostrado su rechazo a estas medidas por ser un "trágala" para los empleados públicos.
A juicio del BNG muestran "un Gobierno indolente que gobierna por decreto para conculcar derechos laborales básicos", mientras para el PSdeG reflejan "una ideología reaccionaria, con el proyecto de reducir los servicios públicos a la beneficencia".
El PP ha defendido la necesidad de esta ley al igual que la conselleira de Facenda, quien ha reconocido que supone "un importante esfuerzo" para empleados públicos, pero ha destacado que es el proyecto "más favorable de los que se tienen adoptado en otras comunidades" para respetar las retribuciones de los empleados.
También ha puesto de manifiesto el elevado gasto en personal que tiene la Xunta, un 40 por ciento de su presupuesto total, 3.615 millones de euros este año.
El diputado del PSdeG José Manuel Lage ha asegurado que las medidas aprobadas hoy suponen "incumplir de cabo a rabo" el programa electoral presentado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien "con el lema de Feijo09 pidió licencia para matar y si se la llegamos a dar acaba con este país", ha afirmado.
Por su parte, el nacionalista Alfredo Suárez Canal ha apuntado que "igual lo necesario es reducir el salario a los dirigentes de la Xunta" porque su "fracaso clamoroso" para buscar otro tipo de soluciones ante la crisis y ha criticado la "privatización galopante de los servicios públicos".
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