PP no comenta auto sobre obras sede y esperará a resolución judicial del caso

Madrid, 16 jun.- El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, no ha querido hoy hacer comentarios sobre el auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre el supuesto pago en dinero negro de las obras en la sede del partido, y ha señalado que esperarán a la resolución judicial de este caso.

"Vamos a esperar la resolución judicial, en la que se determinen las responsabilidades que haya en su caso", ha dicho Floriano al ser preguntado por este asunto en rueda de prensa.

En el auto, del pasado 5 de junio, Ruz cita para el 7 de julio como imputados a Belén García, socia del arquitecto que hizo las reformas en la sede del PP en la calle Génova, y a tres colaboradores de Unifica, la empresa del arquitecto e imputado Gonzalo Urquijo que se encargó de esas obras.

Ruz adoptó esta decisión tras recibir los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y el preliminar de Hacienda sobre las obras del PP que constatan, según el juez, la "realidad" de los apuntes contables del extesorero Luis Bárcenas, los conocidos "papeles", en lo que al pago de las obras se refiere.

En concreto, habla de las "salidas o entregas de dinero en efectivo" para Gonzalo Urquijo de la supuesta caja B del PP y que ascenderían a 888.000 euros.

La imputación de la socia de Urquijo se produce al haber constado la UDEF que el mismo día que Bárcenas consignó un apunte de 195.000 euros para "Gonz.Urquijo", el 28 de enero de 2008, García visitó la caja de seguridad que tenía alquilada con el arquitecto en la Banca March.

Para esclarecer estos hechos, el juez también ha vuelto a llamar a declarar como testigos para el próximo 8 de julio al exjefe de seguridad del PP Antonio de la Fuente (cuñado de Luis Bárcenas) y al cajero del partido Luis Molero en relación a los pagos de esas obras, así como a dos empleadas de Unifica.

De confirmarse lo reflejado en sendos informes, el juez, que pide a Hacienda que envíe a la mayor brevedad su dictamen definitivo sobre esta cuestión, estima que los hechos podrían ser constitutivos de delitos contra la hacienda pública, falsedad documental y falsedad contable.