Los grupos parlamentarios del PSOE y el PP han registrado simultáneamente en el Congreso y el Senado los nombres de sus ocho juristas candidatos para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de ambas Cámaras, según han confirmado a EFE fuentes parlamentarias. Los cuatro juristas pactados por ambas fuerzas y que serán votados en el Congreso son José Ricardo de Prada Solaesa, Carmen Sáez Lara, Luis Martín Contreras y José Miguel Castillo Calvín. En el Senado, los candidatos consensuados son Manuel Altava, Rosa Rubio Ramos, Pilar Fernández Pérez y Bernardo Fernández Pérez.
Los ocho candidatos, adelantados por Efe, corresponden al cupo de juristas de reconocida competencia que deben ser elegidos por el Parlamento del total de 20 vocales del órgano de gobierno de jueces y magistrados. Como suplentes, PSOE y PP han propuesto para ser designados por el Congreso a Ana Pérez Cepeda, Juan Antonio García Jabaloy y Blas Jesús Imbroda Ortiz, mientras que en el Senado los suplentes son Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, Francisco Javier Lara Peláez y Natalia Reus Martínez.
Ambos partidos han registrado su propuesta conjunta de candidatos sin esperar a que venciera el plazo fijado para este lunes en el caso del Congreso, mientras que en el Senado el plazo se había prorrogado hasta el próximo 18 de diciembre. Estos nombres son fruto del pacto alcanzado entre ambas formaciones para la renovación del CGPJ que actualmente preside Carlos Lesmes.
Dentro de las negociaciones entre ambas formaciones se acordó que el magistrado que preside la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, y que forma parte del tribunal encargado de enjuiciar el 'procés', sea el nuevo presidente del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP en el marco de la renovación del órgano de gobierno de jueces.
El Ejecutivo destaca que el órgano de gobierno de los jueces contará con una mayoría de once miembros progresistas de los veinte que lo conforman. El PP quería que Manuel Marchena, al frente de la Sala de lo Penal encargada de enjuiciar próximamente el proceso soberanista de Cataluña, fuera el presidente. De ahí que, en las negociaciones mantenidas entre el exministro de Justicia Rafael Catalá y su sucesora en el cargo Dolores Delgado se pactara finalmente que la presidencia iría para un candidato conservador a cambio de una mayoría progresista de 11 juristas.
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