El Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca ha imputado al presidente del PP de la provincia de Salamanca, Javier Iglesias, así como a su gerente, Isabel Sánchez, y al propio partido en calidad de persona jurídica, como supuestos autores de financiación ilegal durante las primarias de 2017, las cuales desembocaron en la elección de Alfonso Fernández Mañueco como candidato del PP, actual presidente de la Junta de Castilla y León.
En el texto elaborado por el letrado este miércoles, se resaltan indicios racionales de la presunta comisión de este delito a través de las donaciones anónimas que sirvieron para pagar cuotas atrasadas de afiliados del PP, de forma que pudieran participar en las primarias, y por esta razón llama a declarar a los investigados el próximo 30 de diciembre. La notificación judicial ha coincidido con una reunión de celebrada el mismo día en la sede autonómica del PP a la que han asistido propio líder autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y los presidentes provinciales de la formación, entre ellos el salmantino Javier Iglesias, el único que tiene pendiente aún la celebración del congreso provincial del PP.
El juez ha recuerda en el auto que fue Iglesias, dentro de su estatus de presidente provincial, el que promovió mediante reuniones con cargos públicos y asesores la actualización de las cuotas de afiliados para que pudieran participar en el proceso, ya que a fecha de 31 de diciembre de 2016 figuraban como "morosos" hasta 4.913 de ellos.
En el periodo transcurrido entre el cierre del ejercicio 2016 hasta el 17 de marzo de 2017, cuando concluía el plazo para saldar esa deuda y poder participar efectivamente en las votaciones de las primarias, el juzgado ha constatado que se amortizaron deudas por importe de 61.937 euros mediante diversos procedimientos, entre los que destaca que 41.490 euros dentro de ese total, fueron aportados por cargos electos, personal de confianza y afiliados que "colaboraron voluntariamente en el pago de las cuotas de 'afiliados morosos'".
De los 41.490 euros resaltados, fueron realizados "en efectivo" junto a "declaraciones juradas" hasta 17.350 euros, por lo que "queda sin justificar la suma de 24.140 euros que ha de calificarse como donación anónima ilegal", según indica el auto judicial. Además, en el caso de aceptar como válidos los justificantes de extracciones de dinero de sus cuentas de cargos públicos del PP entre los días 10 y 17 de marzo de 2017 por un importe de 9.800 euros, quedaría sin justificar la suma de 14.340 euros como "donación anónima ilegal".
Al margen de esto, el juez también ha señalado en su escrito que la Ley de Financiación de los Partidos Políticos prevé que las formaciones políticas no podrán aceptar directa o indirectamente donaciones anónimas, además de otros casos que limita la norma. En este caso particular del PP de Salamanca, el letrado cita al partido como persona jurídica investigada, por lo que la formación tendrá que designar a un representante para que acuda al juzgado, aunque puede tratarse del presidente provincial, Javier Iglesias, quien al igual que la gerente acudirá con asistencia de su abogado a partir de las diez de la mañana del 30 de diciembre en la sala de vistas número 1 del Edificio de los Juzgados de Salamanca.
Como respuestas ante el auto, las partes involucradas pueden presentar en el plazo de tres días un recurso de reforma ante el mismo Juzgado de Instrucción, o bien un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Salamanca, en cuyo caso poseerían un plazo superior, extendiéndose hasta los cinco días.
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