PP y PSOE anunciaron este martes que han presentado dos proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para las reformas de los Estatutos de Autonomía, de modo que su entrada en vigor quedaría suspendida hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciase al respecto.
Así lo avanzaron este martes los portavoces del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, y del PSOE, Soraya Rodríguez, en sendas ruedas de prensa que ambos dirigentes celebraron por separado. Los dos grupos mayoritarios registraron las dos proposiciones de ley el pasado viernes y este martes fueron calificadas por la Mesa del Congreso.
Preguntado por la argumentación para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad, Alonso defendió que hay que sacar "alguna lección" de la historia de lo que ha ocurrido. "Si ese recurso previo existiera y no se hubiera retirado, no nos habría pasado lo que nos pasó con el Estatuto de Cataluña", defendió.
Alonso, que destacó que de esta forma la Justicia tendrán "un plazo breve" para poder "posicionarse sobre la constitucionalidad", quiso recordar que el PP presentó una proposición de ley en este sentido la pasada legislatura. "No teníamos mayoría para impulsarlo, pero ahora lo vamos a impulsar", incidió.Choque de legitimidades
Por su parte, la portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Soraya Rodríguez, explicó que, con esta propuesta, su grupo parlamentario quiere "evitar un choque de legitimidades". "No es normal que cuando los ciudadanos de una comunidad autónoma tienen que pronunciarse en referéndum sobre la reforma que se ha producido en su Estatuto de Autonomía deban hacerlo bajo el aviso de que ese Estatuto va a ser recurrido por algún grupo político y que, después de ser votado, sea el Tribunal Constitucional el que tiene que conocer el recurso y dictar sentencia", dijo.
En este sentido, añadió que para el PSOE "esto no puede volverse a repetir". De ahí que vean necesario establecer este recurso previo de inconstitucionalidad.
Éste serviría para "suspender la entrada en vigor de la reforma estatutaria hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el mismo en una sentencia", explicó.
El proceso sería, continuó, el siguiente: "Una vez que se tramite en el Congreso de los Diputados una reforma de cualquier Estatuto de Autonomía, acabado el procedimiento de reforma, se publicará en el Boletín Oficial de las Cortes (BOE)".
Si en ese momento, en que termina el procedimiento legislativo de la reforma estatutaria en cuestión, cualquier grupo parlamentario anunciase su intención de recurrirlo al Tribunal Constitucional, la misma quedaría en suspenso.
Es decir, "no se publicará en el BOE", hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre la reforma.
Una vez que el Alto Tribunal hubiese dicho la última palabra, el Congreso de los Diputados estudiaría el fallo del Constitucional para adaptar esa reforma a lo establecido en la sentencia.Derogación
Fue en 1984 cuando el Congreso de los Diputados aprobó una proposición de ley orgánica para la derogación del recurso previo de inconstitucionalidad, y lo hizo a iniciativa del Grupo Socialista y con la oposición del Grupo Popular.
En aquel entonces, el PP defendió que tal medida era una forma de negar al Tribunal Constitucional el ejercicio pleno de su jurisdicción.
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