Montevideo, 31 oct.- Un grupo de 90 militantes de la izquierda uruguaya, que fueron detenidos y sometidos a torturas durante la dictadura en este país (1973-1985), presentaron hoy una denuncia contra los responsables de aquellos crímenes.
Esta denuncia es la tercera del mismo tipo que se presenta ante la Justicia uruguaya en los últimos días, después de que hoy mismo otras 38 personas denunciaran torturas y violaciones cometidas en el departamento de Treinta y Tres por militares y 28 mujeres hicieran lo mismo el viernes ante los tribunales de Montevideo.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay estableció el pasado marzo que hoy lunes 31 se cumplía el plazo para la prescripción de los delitos cometidos en aquella época, si bien el Parlamento aprobó la semana pasada, tras un trámite acelerado, una norma que impedía dicha prescripción al considerar a todos estos delitos como crímenes de lesa humanidad.
Según explicó a Efe el abogado Jorge Pan, representante de las 90 víctimas denunciantes, que en su mayoría militaban en el Partido Comunista Uruguayo, la demanda se inspira en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por el caso Gelman que obliga a Uruguay a "remover todas las trabas" que impedían juzgar estos delitos en el país.
La CorteIDH condenó a Uruguay el pasado mes de marzo por no haber hecho justicia por el caso de la desaparición de María Claudia García de Gelman y la supresión de identidad de su hija Macarena Gelman, nuera y nieta, respectivamente, del poeta argentino Juan Gelman.
En su sentencia, el tribunal instó al país a eliminar la Ley de Caducidad, que impide juzgar a militares y policías acusados de crímenes durante la dictadura y que somete a la voluntad del Ejecutivo qué casos pueden juzgarse y cuales no.
Esa ley fue aprobada en 1986 y refrendada por la ciudadanía en 1989 y 2009.
"Esa sentencia es la base en la que nos apoyamos. El caso Gelman abre de alguna manera una luz en el túnel", indicó Pan, antes de señalar que ahora la SCJ tendrá que elegir entre cumplir con la decisión de la CorteIDH o no.
Pan indicó que la defensa de los acusados, muchos de los cuales ya cumplen sentencias por otros delitos similares, va a sostener además "que fueron delitos comunes y que están prescritos", lo que también obligará a la SCJ a tomar una decisión al respecto, sin contar además con la nueva ley, que obliga a considerarlos imprescriptibles.
"Nosotros no usamos en nuestra argumentación la nueva ley porque cuando preparamos la denuncia no existía", anotó Pan.
Todas las personas que denunciaron el caso fueron víctimas de la llamada "Operación Morgan", por la que fueron detenidos en centros clandestinos montados por el Servicio de Información de Defensa (SID) y el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) de Uruguay.
Esa operación llevó a la detención de miles de personas, muchos de los cuales fueron torturados, y dejó 23 desaparecidos de los cuales se recuperaron dos cadáveres.
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