Guatemala, 10 ene.- El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y la vicepresidenta Roxana Baldetti anunciaron hoy su decisión de dar marcha atrás con las querellas presentadas contra el periodista José Rubén Zamora, al que acusan de chantaje y de violencia contra la mujer.
En unas declaraciones a los periodistas durante una gira de trabajo por el noroeste del país, Pérez Molina explicó que, luego de analizar el asunto con sus abogados, decidió desistir de continuar con la demanda penal.
De igual forma se pronunció Baldetti, quien acompañó al mandatario en la entrega de un programa social a madres pobres por los departamentos de Izabal y Zacapa.
A pesar de dar marcha atrás con la querella penal interpuesta el año pasado en los juzgados, tanto el presidente como la vicepresidenta dijeron no descartar llevar el caso a un Tribunal de Honor (Imprenta).
Baldetti también manifestó que espera que le prueben los actos de corrupción que han sido publicados en elPeriódico, del que Zamora es su presidente.
El periodista y sus abogados todavía no se pronuncian sobre la decisión del jefe de Estado y Baldetti de retirar la demanda penal.
Zamora pidió el pasado miércoles ante el Ministerio Público (MP) que se despoje de la inmunidad a los dos dignatarios por abuso de autoridad y simulación de delito, en respuesta a la querella.
Luego de la decisión presidencial, el Juzgado que prohibió salir de Guatemala al periodista deberá levantar esa resolución.
El periodista ha sido uno de los principales críticos de los altos funcionarios a los que ha acusado de integrar bandas de delincuentes y de corrupción, lo que Pérez Molina ha calificado de "chismografía".
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), la máxima entidad de prensa del país, condenó y rechazó hoy en un comunicado las demandas penales contra Zamora, por considerar que van contra la libertad de expresión.
La institución aseguró que en Guatemala es triste, pero cierto, que la libertad de prensa "es pisoteada por propios y extraños, especialmente por funcionarios y empleados públicos y el sector económico cuando son fiscalizados por sus actuaciones".
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