Presuntas víctimas de masacre en Colombia mintieron para pedir indemnización

  • Tres personas, que se presentaron como supuestas víctimas de una masacre ocurrida en el departamento colombiano del Meta en 1997, aceptaron que mintieron para recibir una millonaria indemnización del Estado, informó hoy la Fiscalía.

Bogotá, 2 ago.- Tres personas, que se presentaron como supuestas víctimas de una masacre ocurrida en el departamento colombiano del Meta en 1997, aceptaron que mintieron para recibir una millonaria indemnización del Estado, informó hoy la Fiscalía.

Mariela Contreras, de 62 años; Zuli Herrera, de 41 años, y su esposo, Argemiro Arévalo, confesaron que se presentaron como víctimas de la masacre de Mapiripán para alcanzar una millonaria indemnización por la supuesta muerte de dos de sus familiares.

Los cargos que la Fiscalía les imputaba eran fraude procesal en concurso homogéneo con estafa agravada.

Por la masacre de Mapiripán, ocurrida en julio el 15 y el 20 de julio de 1997, un grupo de paramilitares entró a ese municipio y asesinó a por lo menos 49 personas.

Por esta masacre el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en sentencia conocida el 15 de septiembre de 2005.

Durante la investigación, la Fiscalía probó que esas tres personas "usando falsas declaraciones y haciendo presentaciones ilegales de documentos, hicieron incurrir en error a un fiscal y a funcionarios del Ministerio de Defensa y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para lograr un reconocimiento como víctimas".

En esas declaraciones, los acusados señalaron que las autodefensas habían desaparecido y asesinado a Gustavo Caicedo Rodríguez, el esposo de Mariela Contreras, y su hijo, Diego Fernando Caycedo Contreras.

La investigación permitió establecer que estas personas no fueron asesinadas ni desaparecidas durante la masacre, porque ambos pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), guerrilla con la que se encontraban lejos del sitio donde ocurrieron los hechos.

En 2011, el Estado colombiano presentó alegaciones a la CorteIDH tras conocerse el falso testimonio de Mariela Contreras, que había sido defendida por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), e indemnizada por la supuesta muerte de sus familiares en esa incursión paramilitar.

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