Roma.- La Junta para las Autorizaciones de la Cámara de Diputados italiana aprobó hoy la solicitud del conflicto de competencias planteado contra el Tribunal de Milán que lleva el proceso contra el primer ministro Silvio Berlusconi por el llamado caso Ruby.
La resolución, aprobada por 11 votos a favor y 10 en contra, insta a los parlamentarios a solicitar el conflicto de atribuciones que el partido de Berlusconi, Pueblo de la Libertad (PDL), y otros grupos de la mayoría conservadora quiere llevar ante el Tribunal Constitucional.
La Junta para el Reglamento que preside el presidente de la Cámara Baja, Gianfranco Fini, deberá mañana pronunciarse sobre esta resolución y decidir si es necesario el voto del pleno para plantear el conflicto.
Según la resolución aprobada hoy, la autoridad judicial de Milán, que investigó y envió a juicio a Berlusconi por supuesto abuso de poder e incitación a la prostitución de menores vulnera las atribuciones reconocidas por el artículo 96 de la Constitución italiana.
La Junta de Autorizaciones estima que la renuncia por parte de la Cámara de los Diputados a una "firme reacción ante esta lesión en sus prerrogativas puede introducir, si se descuida y es repetida, una modificación implícita de la Constitución en lo que se refiere a los poderes del Estado".
El PDL considera que el Tribunal de Milán no tiene competencia para juzgar la acusación de abuso de poder, basada en la llamada telefónica del primer ministro el 27 de mayo de 2010 para sacar de una comisaría a la joven marroquí, conocida como Ruby R., detenida por robo.
Según el PDL, dado que Berlusconi actuó por "motivos institucionales" al realizar esa llamada pensando que era la sobrina de Mubarak, debe ser el Tribunal de Ministros el que se encargue de la investigación y, por tanto, se ha de plantear el conflicto de atribuciones.
En declaraciones que recogen los medios italianos, la portavoz del opositor Partido Demócrata (PD) ante la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, Donatella Ferranti, afirmó que la decisión de hoy de la Junta supone "una fea página para la política".
"Se quiere atribuir al Parlamento una prerrogativa que la Constitución no le reconoce: la de establecer la cualificación jurídica de un comportamiento del presidente del Gobierno o de los ministros", indicó Ferranti.
A la espera de lo que decida el Parlamento, está previsto que el próximo 6 de abril comience ante el Tribunal de Milán el juicio a Berlusconi por el caso Ruby, la joven marroquí que acudió a las fiestas del primer ministro y que, según la Fiscalía, mantuvo relaciones sexuales de pago con él cuando era menor de edad.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios