"Estoy decepcionada por la decisión de este tribunal (...) me siento desamparada con la justicia, porque ha desatendido sus funciones constitucionales", dijo Heredia en una conferencia de prensa, donde aseguró que no existen pruebas en su contra por este caso que ha generado una severa crisis en el gobierno.
La esposa del presidente Ollanta Humala, y jefa del gobernante Partido Nacionalista consideró que el fallo "haya sido emitido con una velocidad inusitada", y consideró imposible que los magistrados del máximo tribunal peruano hayan tenido tiempo para leer un voluminoso expediente de más de veinte mil folios.
"Cuando los que imparten justicia aceleran la decisión de esa manera al punto de no escuchar los argumentos de una de las partes, es factible dudar de sus propias motivaciones", señaló. Heredia aseguró que, junto con sus abogados, "todavía está evaluando" recurrir a tribunales internacionales, y defendió su derecho a, como cualquier ciudadana, poder criticar un fallo judicial.
El Tribunal Constitucional rechazó un recurso presentado por la defensa de Heredia para detener la investigación y dejó el camino libre a la fiscalía para continuar con sus indagaciones a la primera dama, que comprende un caso de presuntos ingresos injustificados por unos 215.000 dólares entre 2005 y 2009, cuando era una ciudadana común, lapso en el cual la campaña de Humala recibió aportes de empresas venezolanas. El propio Humala descartó en su momento que hubiese alguna ilegalidad en ello y aseguró que fueron donaciones formales.
Heredia también es investigada por el contenido de unas agendas que serían de su propiedad, y en donde están consignados montos y transferencias de dinero presuntamente referidos a la campaña electoral de su esposo.
La primera dama informó que tiene diez investigaciones en diversas fiscalías y comisiones en el Congreso, "todas ellas presentadas por personajes desconocidos y sin ninguna prueba".
El tema recrudeció esta semana luego de que el gobierno destituyó el martes a la procuradora de lavado de activos a cargo del caso, Julia Príncipe, quien acusó haber sido presionada por el ministerio de Justicia e impedida de referirse públicamente a la investigación.
Príncipe había señalado que existían indicios de que Heredia era propietaria de las agendas, y había solicitado una pericia grafotécnica para comprobarlo.
Tras las acusaciones de Príncipe, el ministro de Justicia, Alberto Adrianzén, fue reemplazado en el cargo, en momentos en que la oposición pedía su cabeza.
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