Procesados en el juicio D3M piden una sentencia absolutoria "cuanto antes"

Bilbao, 18 may.- Varios de los miembros de las plataformas electorales anuladas D3M y Askatasuna que han sido juzgados en la Audiencia Nacional han asegurado hoy que la "única" sentencia posible en este "juicio político" es la absolución y han demandado al tribunal que se pronuncie "cuanto antes".

En una rueda de prensa en Bilbao, Arantza Urkaregi y Amparo Lasheras han ejercido de portavoces de los procesados en este juicio, que ayer quedó visto para sentencia y en el que el fiscal rebajó la pena solicitada para once de los trece acusados por pertenecer o colaborar con ETA y retiró la acusación para los otros dos.

Ambas se han mostrado convencidas de que este juicio lo van a "ganar" con una absolución que, según ha dicho Urkaregi, significaría que "se ha hecho justicia" y que el Gobierno "intentaría dar algunos pequeños pasos para aprovechar" la situación abierta en el País Vasco tras el cese de la violencia de ETA.

Han reiterado que el único delito que han cometido ha sido presentar una oferta electoral abertzale y de izquierdas a la ciudadanía vasca y, tras censurar la teoría de la fiscalía de que "todo es ETA", han pedido el "sobreseimiento" de todos los "juicios políticos" pendientes.

"Nadie más puede ser juzgado por defender ideas políticas y por trabajar por proyectos independentistas", ha asegurado Lasheras, quien también ha exigido al Gobierno que derogue todas las "leyes de excepción".

Finalmente ha tomado la palabra Fernando Antia, representante legal de D3M ante la junta electoral de Álava, y uno de los dos acusados junto a Aitor Ligerzana a quienes la fiscalía retiró la acusación.

Antia ha puesto el acento en que el ministerio público haya retirado la acusación "a la única persona" en este caso que, según ha dicho, ha tenido una "ligazón directa con D3M" y ha dicho que esto "rompe toda lógica".

La Fiscalía pide seis años y cinco meses de prisión -en lugar de los nueve años que solicitaba inicialmente- para nueve de los procesados, entre los que están Lasheras y Urkaregi, por un delito de pertenencia a banda terrorista.

Además, solicita cinco años de cárcel -frente a los siete que pedía anteriormente- para otros dos más por un delito de colaboración.

Según el fiscal, en el caso de las plataformas Askatasuna y D3M, anuladas por el Tribunal Constitucional en 2009, los once acusados no formaban parte de una simple "oferta electoral", sino de "un producto" diseñado por ETA para ser utilizado en su estrategia de desdoblamiento político.