La PGN "recomienda al señor presidente constitucional de la República de Guatemala presentar su renuncia al cargo con el fin de evitar la ingobernabilidad que traiga como consecuencia la inestabilidad de la Nación", señaló en un comunicado la Procuraduría, entidad que actúa como representante legal del Estado en temas jurídicos y administrativos.
El llamado de la institución ocurre tras registrarse nuevas manifestaciones en todo el país para exigir la renuncia del presidente, cercado por la justicia luego de que la Fiscalía (encargada de los temas judiciales del Estado) y una comisión de la ONU contra la impunidad lo señalara como cabecilla de una red de corrupción.
Ante el anuncio de más protestas, el vicepresidente Alejandro Maldonado, quien sustituyó en mayo a Roxana Baldetti, recomendó en su cuenta de Twitter a las fuerzas civiles de seguridad "actuar con moderación y sin armas letales" ante los manifestantes y solicitó al Ejército mantenerse "ajeno a los conflictos" políticos.
La situación de Pérez se complica aún más debido a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) diera su aval a un pedido de la Fiscalía para que el Congreso le retire la inmunidad presidencial y enfrente ante la justicia penal los cargos de corrupción que pesan sobre él, en una medida legal denominada antejuicio.
En los últimos días, una veintena de funcionarios gubernamentales, incluidos seis de los 14 ministros, renunciaron a sus cargos abandonando a Pérez, un general retirado de 64 años, mientras que la cúpula empresarial rompió su alianza con el mandatario y exigió su renuncia.
Para Jorge Santos, director del Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos (CIIDH), el abandono de gran parte de su círculo más cercano "deja en total soledad al presidente, quien sin lugar a dudas ya no ejerce más que de manera formal el papel de presidente de la República".
El mandatario fue señalado el pasado viernes como cabecilla, junto a Baldetti, de una red de defraudación aduanera denominada 'La Línea', momento en que la Fiscalía solicitó el antejuicio parlamentario.
El domingo, Pérez descartó renunciar pese a la presión popular y dijo que permanecerá en el poder hasta el fin de su mandato, el 14 de enero de 2016. Las elecciones generales de Guatemala se celebrarán el domingo 6 de septiembre, pero el presidente electo no asume su cargo hasta principios de año.
La ex vicepresidenta recibió este miércoles un duro golpe cuando un juez ordenó su prisión preventiva en una cárcel común, al considerar que existen pruebas de su participación en el esquema de fraude fiscal.
El juez Miguel Ángel Gálvez explicó que la decisión se debe a la posibilidad de obstaculizar a la justicia y el peligro de fuga de Baldetti, quien tiene también ciudadanía italiana.
Al finalizar la audiencia judicial, Baldetti dijo a la prensa y bajo custodia policial que ni ella ni el presidente estaban involucrados en el fraude fiscal que se les imputa.
Además, pidió a su exsecretario privado Juan Carlos Monzón, prófugo y señalado en las investigaciones como el operador de la estafa en las aduanas, que "se entregue para aclarar la situación".
Gálvez ordenó recluir a la ex vicepresidenta en la cárcel común de Santa Teresa, en la periferia norte de la capital, y que la retiraran del cuartel militar Matamoros, donde se halla actualmente detenida. El juez concedió tres días a las autoridades del Sistema Penitenciario para habilitar un espacio en la cárcel de mujeres que garantice la vida de la exfuncionaria.
Según la investigación, los posibles delitos en que incurrió la exfuncionaria son asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera.
Las protestas para exigir la renuncia del mandatario continuaron este miércoles, cuando al menos ocho tramos de carreteras fueron bloqueadas, mientras en la capital se realizaron marchas y el Ministerio de Finanzas fue ocupado por trabajadores.
Paralelo a estas medidas de presión, miles de profesores marcharon en la capital para exigir reformas sociales ante la crisis política que sacude al país.
Para este jueves, la estatal Universidad de San Carlos dispuso un paro académico y junto a otras casas de estudios superiores privadas y sectores sociales tienen previsto realizar una marcha masiva en la capital para exigir la renuncia de Pérez.
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