Procuraduría y jueces reaccionan frente a dudas de Lula en el Poder Judicial

Brasilia, 28 abr.- La Procuraduría General y magistrados de la Corte Suprema de Brasil reaccionaron indignados hoy frente a una declaración del expresidente Luiz Inácio da Silva, quien aseguró que el juicio que condenó por corrupción a miembros de su Gobierno fue en un "80 por ciento" político.

"Como todo brasileño, tiene derecho a opinar lo que quiera", pero el proceso conocido en Brasil como "juicio del siglo", que condenó por corrupción a antiguos ministros y compañeros de partido de Lula "fue un caso jurídico, con un juicio y un desenlace jurídicos", dijo hoy el procurador general, Rodrigo Janot.

En una entrevista que concedió la semana pasada a un canal de televisión portugués, Lula afirmó que la historia de ese juicio "un día será revisada" y sostuvo que el proceso tuvo un "80 por ciento de decisión política y un 20 por ciento de decisión jurídica".

También negó que entre los condenados haya habido personas de su "confianza", pese a que el exministro José Dirceu, uno de los reos condenados, fue durante años uno de sus más fieles escuderos y hasta era considerado como su "mano derecha".

Lula admitió que, entre los presos, hay "compañeros" suyos en el Partido de los Trabajadores (PT) y aseguró que el proceso fue una especie de "masacre" destinada a "destruir" a esa formación, aunque sostuvo que "no lo consiguieron".

El magistrado Marco Aurelio de Mello, uno de los miembros de la Corte Suprema, respondió hoy con cierta ironía y dijo desconocer cómo Lula puede medir el supuesto carácter político de un proceso judicial.

"No existe ningún aparato para medir eso", declaró el magistrado a periodistas, aunque consideró que el expresidente está "ejerciendo su sagrado derecho al pataleo".

Mello dijo esperar que "el distanciamiento de la realidad" que le atribuyó a Lula "no sea admitido por la sociedad", pues si bien pudiera ser discutida la dureza de las penas, la responsabilidad de los condenados en asuntos de corrupción fue debidamente probada.

"La culpa fue demostrada por el Estado brasileño, en su papel de acusador", declaró Mello.

El Supremo juzgó el caso en 2012 y consideró probado que el PT se valió de dinero público para tejer una red de corrupción con la que financió campañas y sobornó a dirigentes de otros cuatro partidos, que le dieron a Lula la mayoría parlamentaria que no había logrado en las elecciones de 2002.

Por este sonado asunto fueron declarados culpables 24 políticos y empresarios, entre los que figuran relevantes figuras del PT, como el exministro Dirceu y el expresidente del partido José Genoino, quienes desde fines del año pasado cumplen penas de prisión.

Pese a su cercanía con varios de los condenados, Lula no llegó a ser acusado en el proceso, pues la Corte Suprema determinó que no existían pruebas de su participación en los hechos.