Madrid, 20 mar.- El portavoz del Foro por la Transparencia, Joan Navarro, ha propuesto hoy en el Congreso que la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno regule la actividad de los grupos de interés y los reconozca como interlocutores legítimos entre los poderes públicos y la sociedad.
En su comparecencia ante la ponencia que tramita este proyecto de ley, Navarro ha hecho hincapié en desvincular los lobbies de la corrupción.
A este respecto, ha dicho que las medias que defienden -registro general de intereses, código de conducta y publicidad de las agendas de los altos cargos del Gobierno- "no habrían evitado algunos de los presuntos casos de corrupción que contaminan estos días la convivencia, ni se hubiera evitado que algunas personas pretendan justificar con actividades profesionales lo que sólo es tráfico de influencias".
Ha señalado que una regulación "habría dejado más claramente patente la diferencia entre una actividad necesaria para mejorar el funcionamiento de la democracia y otra de carácter parasitario que utiliza a los poderes públicos en beneficio personal o en perjuicio del interés general".
Por ello, ha recomendado a los diputados que aprovechen el trámite de esta ley para regular por primera vez su actividad y para trasladar los mismos mecanismos de regulación que han demostrado "sobrada idoneidad" en instancias europeas y les ha advertido de que "tendrán que elegir si quieren defraudar o si quieren engañar a los ciudadanos".
Navarro -que ha dicho representar a un grupo de compañías que se dedican profesionalmente a la consultoría y a la práctica de la abogacía al servicio de empresas y organizaciones sociales y económicas- ha argumentado que la actual "situación excepcional de desafección requiere medidas audaces de regeneración e impulso democrático" y que ésta es una de esas medidas.
También ha asegurado que los profesionales del lobby y los asuntos públicos son los más interesados en que esa actividad se regule "con la mayor transparencia" y ha hecho hincapié en que eso mejoraría la confianza de los ciudadanos en sus representantes y la de los propios parlamentarios.
Tras recordar que lo mismo solicitó hace unas semanas el representante de la principal asociación del sector, ha subrayado que esta actividad es legítima "siempre y cuando se realice con luz y taquígrafos y se puedan defender los mismos intereses en un despacho que en un plató de televisión".
"Nuestra legislación no regula la actividad de representación de intereses, pero regula lo que es el cohecho, la prevaricación y el tráfico de influencias, y precisamente porque el Código Penal establece ya los límites entre el comportamiento legítimo y aquel que sólo puede desarrollarse en la sombra y al amparo del anonimato, pensamos que el debate sobre los grupos de interés no es un debate sobre la corrupción, ha manifestado.
Algunos grupos, como el PP y UPyD, se han mostrado partidarios de regular la actividad de los lobbies, si bien el popular Pedro Ramón Gómez de la Serna ha rechazado reconocerles como "representantes de la sociedad".
En la sesión que hoy ha celebrado la Comisión Constitucional para escuchar opiniones de expertos sobre la Ley de Transparencia, también ha comparecido la abogada del estado en excedencia Elisa de la Nuez, como miembro de la Coalición Pro Acceso, que ha insistido en la idea de una supervisión independiente, frente a la de una agencia que dependa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como garante de los principios de esta ley.
A este respecto, ha propuesto buscar el apoyo de la sociedad civil que de forma desinteresada trata con la información de la administración en plataformas web.
Por su parte, Antonio Ruiz Salgado, representante de la Red de Abogados para la Defensa Ambiental (RADA), ha expresado su preocupación porque cree que esta ley supondrá una menor protección al derecho subjetivo del acceso a la información en materia ambiental.
Las próximas comparecencias se celebrarán los días 10 y 17 de abril y en mayo los ponentes comenzarán la discusión de las enmiendas.
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