Protestar por carretera en selva Perú podría llevar a prisión a cura español

Paco de Campos

Lima, 10 sep.- Con 15 años de trabajo en Perú, el cura español Francisco González podría acabar en prisión como consecuencia de su apoyo a los pobladores en la ciudad selvática de Puerto Maldonado.

Sobre Monseñor Paco, como se le conoce en la zona, pesa un proceso por calumnia y difamación iniciado tras su denuncia de irregularidades en el proceso de construcción de un tramo de la carretera interoceánica, que une Perú con Brasil, en la capital de la región de Madre de Dios, en la selva amazónica del sur peruano.

"Por la dignidad de los pobladores iría a juicio, que continúe la justicia humana adelante y si tengo que ir a la cárcel aceptaré", señaló a Efe el religioso, originario de Valladolid y que se nacionalizó peruano tras iniciar su trabajo en este país.

El origen del problema es el paso de la interoceánica, un inmenso proyecto que conecta al Océano Atlántico en Brasil con el Pacífico en Perú y que alcanzó un costo de cerca de 2.800 millones de dólares, a su paso por Puerto Maldonado.

Según cuenta el religioso, que tiene el título de Obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, aunque el proyecto original planteaba otra alternativa finalmente se inició la construcción de la importante carretera por la que se espera un alto tránsito de mercancías a través de la ciudad, lo que produjo las protestas de los vecinos.

"A cuatro metros de la carretera quedaban las viviendas, que son de madera, y sin protección", explicó González, quien recuerda cómo los vecinos iniciaron medidas, siempre pacíficas, como toma de carreteras, mientras se desarrollaba un diálogo que no llegaba a soluciones.

Tras las protestas, la constructora decidió levantar muros a ambos lados de la carretera con el objetivo de apuntalar la seguridad de los vecinos pero, a la vez, partiendo en dos esa zona de la ciudad.

"El impacto de esta medida fue el máximo porque la gente vio que en realidad se quedaban aislados, lo que se suma al impacto auditivo y de la polución", explicó González.

El religioso también recuerda las amenazas que recibieron los vecinos que participaban en las protestas y él mismo, cuyo punto culminante fue un sospechoso robo realizado en la "misión" donde trabaja y que, según sus propias palabras, "no tenía ningún sentido".

El presunto culpable de aquel robo, que incluyó el ordenador portátil donde se guardaba toda la información relativa a la interoceánica y las protestas, fue pronto identificado por monseñor Paco: una persona con problemas de drogadicción, cercana al religioso, y que terminó revelando los hechos.

"Él me contó todo el asunto, cómo había sido contratado para realizar el robo", explicó González.

Tras el robo y una ruda carga policial contra los manifestantes, el religioso decidió denunciar en público a una de las personas detrás de los hechos, lo que él mismo reconoce que fue su error: "dar un nombre de alguien que es parte del engranaje y que obedece a intereses externos" y que fue quien le denunció por lo penal.

"Pero una es la verdad demostrable y otra la verdad moral. Él está en su derecho de reclamar que no ha hecho nada o negarlo", agregó sobre su denunciante, cuyo nombre no quiso revelar.

Desde entonces se han producido varias reuniones entre el demandante y el religioso, "en un tira y afloja" para tratar de parar el proceso pero que ahora no ha dado frutos.

Mientras tanto, varias organizaciones, como la Comisión Episcopal de Acción Social, han mostrado su respaldo al trabajo del religioso y organizado acciones de apoyo que tratan de evitar que el proceso penal continúe.

Eso también espera monseñor Paco, quien, sin embargo, no tiene miedo a terminar en prisión: "son muchos millones de personas en la cárcel y sabemos que un tanto por ciento lo son injustamente, siempre lo va a haber. Tenemos excelentes ejemplos en la historia de la iglesia".