Respaldo unánime al decreto para recortar 1.500 millones de gasto farmacéutico

Madrid.- El pleno del Congreso ha aprobado hoy el Real Decreto Ley de racionalización del gasto farmacéutico que permitirá ahorrar 1.500 millones de euros, y que tiene como objetivo fortalecer el sistema sanitario, que es un "éxito colectivo de la democracia", ha dicho la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez.

El texto ha tenido el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios, aunque muchos de ellos le han dado "un apoyo crítico" al considerar que las medidas aprobadas son insuficientes y pueden afectar negativamente al sector de los medicamentos genéricos.

Por ello, Jiménez ha asegurado que trabajará "desde mañana mismo" en el fomento de los productos genéricos y en que las comunidades autónomas participen en las medidas relacionadas con la política farmacéutica.

El nuevo Real Decreto Ley implica la reforma el sistema de precios de referencia, la reducción del precio medio de los medicamentos genéricos y una regulación más precisa de los descuentos que realicen los distribuidores a las farmacias, que permitirá un ahorro de 1.146 millones de euros.

Y con la revisión de algunos medicamentos de uso muy común y con muchos proveedores como, analgésicos y antipiréticos, se ahorrarán otros 360 millones de euros.

Sin embargo, la ministra ha advertido que para lograr la sostenibilidad de los recursos del Sistema Nacional de Salud (SNS) se precisa el esfuerzo de todos, de los usuarios, profesionales, empresas, gestores y autoridades sanitarias, que deben garantizar un sistema de "calidad, equitativo y cohesionado".

Desde el PP, el diputado Mario Mingo ha asegurado que el nuevo Real Decreto tiene "carencias" y que el ahorro pretendido de 1.500 millones "no se va a alcanzar".

Mingo, que ha pedido al Gobierno que la elevación del IVA no se aplique a los productos sanitarios, ha preguntado a Jiménez por qué se han dejado fuera del documento a los medicamentos más caros en comparación de los genéricos.

El nuevo Real Decreto ha sido definido por el diputado del PNV Joseba Aguirretxea como "un analgésico o antiinflamatorio temporal", ya que ante la crisis del sistema se podían tomar más medidas, especialmente por la grave situación que se registra en diversas comunidades autónomas, cuyas necesidades a veces son diferentes.

CiU ha dicho que hay más medidas para racionalizar los costes y no solo "ahogar año tras año" a la industria farmacéutica, muy presente en Cataluña, así como al sector de los genéricos.

Por ERC-IU-ICV, Gaspar Llamazares ha explicado que daba a la reforma "un apoyo crítico" porque muchas de sus medidas son "insuficientes" y que un recorte a corto plazo se puede convertir en "un rebote a medio plazo".

La diputada de UPyD Rosa Díez ha señalado que el problema en el gasto farmacéutico se debe al uso elevado de los medicamentos, ya que el 20% de la población consume el 70% de las recetas.

El nuevo Real Decreto convalidado hoy había sido previamente acordado el pasado marzo en el Consejo Interterritorial de Salud y en Consejo de Ministros con carácter de urgencia ante la necesidad de contribuir a la sostenibilidad del SNS dado el actual contexto económico.

La ministra ha destacado que para asegurar el actual sistema sanitario es necesario afrontar más medidas, que pasarán por una hoja ruta que incluirá la aprobación una norma para la universalización de la cobertura del SNS, un calendario vacunal único para toda España, criterios comunes para las retribuciones del personal y la implantación de la historia clínica digital común.

Ha recordado que, entre las principales medidas financieras recogidas en el nuevo Real Decreto se incluye la reforma del sistema de precios de referencia con un ahorro estimado de 888,67 millones de euros, ya que se calculará el precio de referencia de cada conjunto homogéneo de medicamentos con el precio más barato y no con la media de los tres más baratos como ocurre en la actualidad.

La ministra ha asegurado que estas medidas tendrán también un efecto beneficioso desde el punto de vista económico en la ciudadanía, para la que supondrá un ahorro directo estimado en 100 millones de euros anuales.