Riesgo de "Brexit", una crisis más por resolver para la UE

  • La Unión Europea (UE), confrontada a las exigencias británicas para evitar la salida del Reino Unido de la 'familia' -"Brexit"-, atraviesa una crisis de una intensidad inédita desde la emergencia del proyecto continental hace casi sesenta años.

Además de este riesgo de una Europa sin el peso pesado británico, segunda economía del bloque, la UE enfrenta la mayor afluencia de migrantes desde la Segunda Guerra Mundial, los sobresaltos de la zona euro y la amenaza de atentados terroristas tras los reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en París, en 2015.

El primer ministro británico David Cameron exige a la UE reformas y flexibilizaciones que atañen a varios temas claves, entre los cuales la inmigración, la gestión económica y la soberanía política, para luego intentar convencer a sus conciudadanos de quedarse en la UE, mediante un referéndum que podría realizarse en junio próximo.

Cameron se encuentra bajo la presión de los euroescépticos del Reino Unido, en particular del partido antiinmigración y nacionalista UKIP, de Nigel Farage.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, presentó el 2 de febrero un preacuerdo para responder a las reivindicaciones británicas y evitar un "Brexit". Este jueves, antes de que comenzara la cumbre, Tusk afirmó que estaban "aún en muy difíciles y sensibles" negociaciones.

Entre las reivindicaciones de Cameron, la que concierne la limitación de las prestaciones sociales para los ciudadanos de otros países de la UE generó fuertes críticas. Esta medida apunta en primer término a los trabajadores procedentes de Europa central y oriental, miles de los cuales trabajan en Gran Bretaña.

Desde el llamado a la movilización lanzado en la primavera boreal de 2015 por la Comisión para aliviar a Italia y Grecia y para gestionar en común la llegada masiva de migrantes a sus costas, los Estados miembros se encuentran muy divididos al respecto.

Con excepción de Berlín y Estocolmo, la mayoría de las capitales rehúsan asumir su cuota parte en la repartición de 160.000 demandantes de asilo, por lo que esta iniciativa se encuentra al borde del fracaso. Sólo 600 solicitantes de asilo llegados a Grecia e Italia fueron reinstalados en otro país de la UE.

Los atentados del 13 de noviembre pasado en París (130 muertos) y las agresiones protagonizadas por inmigrantes en Colonia (Alemania) el día de Año Nuevo han oscurecido el ambiente en general y las 'veleidades' de solidaridad.

La respuesta europea a esta crisis migratoria -en gran parte vinculada a las guerras siria y afgana, pero también a la miseria en África subsahariana- se apoyaba también en la apertura en Italia y Grecia de centros de registro de los recién llegados, encargados de distinguir entre refugiados aptos para ser protegidos internacionalmente y los migrantes económicos. Además, estos "hot spots" han tardado en entrar en funcionamiento.

Los países del ex bloque del Este son los más hostiles a la acogida de migrantes, y algunos como Hungría han levantado barreras en sus fronteras durante el verano (boreal). Seis países de la UE han restablecido controles temporales en sus accesos, al punto que el espacio Schengen -de libre circulación entre 26 países (22 de los cuales son miembros de la UE)- está considerado en peligro, como nunca antes.

La mayoría de los 19 países de la zona euro no termina de aceptar la exigencia del Pacto de estabilidad que impone que la deuda pública no exceda el 60% del PIB y el déficit no sea superior al 3%.

No obstante, la situación para España y, sobre todo, Italia, Portugal y Grecia, continúa siendo particularmente difícil según las autoridades europeas, aunque ciertos analistas consideran que la crisis del euro no es la causante de esa situación.

La Unión económica y monetaria estuvo a punto de sufrir un "Grexit" en 2015. Grecia obtuvo durante el verano boreal de ese año un tercer plan de ayuda internacional bajo condición de continuar a ritmo sostenido las difíciles reformas de austeridad, que aún persisten.

Los acreedores (UE y FMI) controlan de cerca y el avance de las reformas fue considerado a comienzos de febrero aún insuficiente para permitir pasar a las discusiones sobre la reducción de la deuda pública (17% del PIB en 2015 según cifras de la Comisión).

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