Rsc. Distintas organizaciones apoyan la inclusión de cláusulas sociales en los contratos públicos

Distintas organizaciones y entidades sociales han mostrado su respaldo a la inclusión de cláusulas sociales en los contratos de la Administración pública, tal y como se expone en la proposición de ley de Convergencia i Unió que será votada este martes en el Pleno Congreso de los Diputados.
Entre quienes se han mostrado a favor figuran Forética, el Comité Estatal de Personas con Discapacidad (Cermi), el Observatorio de RSC, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) y la Plataforma de ONG del Tercer Sector.
Germán Granda, director general de Forética, considera “muy positiva” la inclusión de cláusulas sociales en los contratos de la Administración pública como una vía para incentivar comportamientos responsables por parte de las empresas que quieran acceder a los mismos.
En términos parecidos se ha pronunciado Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC, quien afirma que la inclusión de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública supone “no solamente una necesidad social, sino también una oportunidad para mejorar la eficiencia y elevar la competitividad de nuestra economía y de las empresas”.
Por su parte, el Cermi asegura que ha llegado la hora de las cláusulas sociales en toda su extensión y alcance, pues se trata de medidas de política pública que sin incremento del gasto generan y extienden bienes sociales para grupos en riesgo de exclusión como son las personas con discapacidad, entre otras.
Para la Plataforma del Tercer Sector la aprobación de esta medida serviría al fomento de la cohesión social, además de suponer un “avance importante” en la eliminación de desigualdades a la hora de acceder a un empleo, especialmente para las personas más desfavorecidas y en riesgo de exclusión social.
En este sentido, el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), Juan Antonio Pedreño, señala que “esta iniciativa responde a una demanda histórica de las organizaciones de Economía Social”. Para Pedreño, “esta iniciativa es acertada y oportuna, ya que persigue que las empresas con un alto valor añadido para la sociedad tengan un derecho preferente en el acceso a la contratación pública”.
CiU argumenta en su exposición de motivos que la contratación pública debe ser una herramienta más para conseguir los objetivos de los poderes públicos, porque “puede y debe contribuir” a avanzar en logros sociales y medioambientales.
“A pesar de la conveniencia y de la necesidad de generalizar los comportamientos empresariales socialmente responsables, todavía nos falta mucho camino por recorrer en esta materia”, dice CiU, partidaria de no transferir fondos públicos a empresas “que contaminen, que incumplan normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, que no respeten los derechos laborales o que no cumplan con los objetivos de integración e igualdad de nuestro marco normativo”.
“Sería mucho más lógico”, explica, “utilizar los fondos públicos para contratar a aquellas empresas que, además de ofrecer un bien o un servicio a un precio asumible, lo hacen contribuyendo en mayor medida a la cohesión social o a la sostenibilidad medioambiental”.
En CiU creen que la Administración debería con sus contratos “dar ejemplo e indicar así, a empresas y ciudadanos, cuál es la vía para llegar a alcanzar una sociedad mejor”.