Rumanía hace memoria y comienza a perseguir los crímenes del comunismo

Raúl Sánchez Costa

Bucarest, 5 oct.- Han tenido que pasar 24 años desde la caída de la dictadura comunista para que Rumanía comience a hacer memoria e inicie la persecución de los criminales de un régimen que metió en la cárcel a 100.000 presos políticos, de los cuales murieron unos 10.000.

Hasta hace sólo un mes, Alexandru Visinescu, un anciano de 88 años, vivía tranquilamente en un apacible apartamento en el centro de Bucarest y con una pensión decente.

Ahora, se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión por una acusación de genocidio, en el primer proceso contra crímenes del comunismo abierto en Rumanía desde el juicio y ejecución sumaria en 1989 del último dictador, Nicoalae Ceausescu.

Visinescu dirigió entre 1956 y 1963 el temido centro penitenciario de Ramnicu Sarat, donde los prisioneros sufrieron vejaciones, celdas gélidas, palizas y castigos indiscriminados.

"Te castigaba con un odio personal, no ejecutaba ninguna orden, te odiaba efectivamente, sentía odio", explica a Efe Aurora Dumitrescu, que pasó por aquel centró de detención en 1951, cuando sólo tenía 16 años.

"Todas las cárceles han tenido un Visinescu; la investigación debería extenderse a los médicos de las prisiones: Después de que nos apalearan, los doctores dictaminaban si nos podían seguir pegando", cuenta Dumistrescu.

Esta primera acusación no habría sido posible sin la labor del Instituto Rumano de Investigación sobre los Crímenes del Comunismo (Iiccmer) que ha recopilado pruebas contra 35 responsables de cárceles y campos de trabajo durante el régimen comunista.

Tras la denuncia contra Visinescu, el Instituto presentó hace dos semanas ante un tribunal una serie de documentos que inculpan a Ion Ficior, excomandante de un campo de trabajos forzados entre 1958 y 1963.

El Iiccmer atribuye a Ficior, de 88 años, la muerte de 103 personas en el "campo de exterminio", causadas por la desnutrición, las palizas y las enfermedades.

"Para sobrevivir, debías decirte siempre: 'no tengo hambre, ni frío, ni me duele nada'", confiesa a Efe Octavian Bjoza, presidente de la Asociación de Antiguos Detenidos Políticos y exprisionero del campo de Periprava durante dos años.

"Se vive con una nostalgia, regresar al pasado unos 50 años no es algo fácil", reconoce emocionado Bjoza, que habla del hambre para describir las calamidades que sufrieron: "Una de nuestras mayores alegrías era cazar una serpiente y comérnosla en ocho pedazos".

Pese a que las víctimas del comunismo contemplan estas dos primeras denuncias como un paso hacia delante, aún hay dudas de que la Justicia llegue hasta el fondo del problema.

"Los políticos rumanos son descendientes de los comunistas y no existe ningún interés en reconocer los crímenes del comunismo", lamenta Bjoza.

Hasta el año 2006 Rumanía no condenó oficialmente la dictadura comunista, por boca del presidente Tarian Basescu, un gesto que Bjoza asegura se esperó durante mucho tiempo pero que, lamenta, "se ha quedado como una hojalata hueca que suena bien".

Sin embargo, el centro que investiga los crímenes se muestra optimista ante los nuevos avances contra los torturadores.

"Existe una voluntad por parte de los nuevos fiscales. La introducción de nuevas leyes puede hacer que veamos pronto a un verdugo comunista en la cárcel", explica a Efe Adelina Tintariu, directora general adjunta del Instituto.

"Estas condenas ayudarán a los más jóvenes a conocer mejor nuestro pasado más reciente", confía Tintariu.

Aunque algunos historiadores hablan de que hubo hasta medio millón de detenidos políticos durante los 42 años del régimen socialista, la propia asociación de víctimas reduce esa cifra a 100.000 y calcula que un 10 por ciento murió mientras estaba preso.

Hoy día, apenas 7.000 víctimas del régimen siguen vivos.

"Tenemos suerte de haber escapado con vida. Muchos murieron en las putrefactas cárceles; siempre tuve el raro sentimiento de que podía morir en cualquier momento", recuerda Dumitrescu.

La llegada de las primeras denuncias ha estado acompañada de una nueva ley, que aún tiene que ser aprobada por el Parlamento, que obligará a quienes sean condenados por crímenes del comunismo a pagar hasta el 50 % de sus salarios o pensiones a indemnizaciones a las víctimas.