Ruz concluye la investigación contra el presidente de la cervecera damm y su padre

El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha concluido la investigación sobre el presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce, y considera que hay indicios para sentarle en el banquillo de los acusados, junto a su padre y otros dos imputados más por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
Según informaron fuentes jurídicas, Ruz ha cerrado la investigación después de que el Tribunal Supremo haya anulado el auto por el que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivó el caso.
Además de Carceller Arce, están imputados el padre de éste y expresidente de la compañía, Demetrio Carceller Coll; Gabriel Ignacio Petrus, abogado, y José Luis Serrano Flórez, apoderado.
En el auto de transformación en procedimiento abreviado, por el que concluye la investigación, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional considera que ha quedado indiciariamente acreditado que, al menos desde el año 90, los imputados crearon una trama defraudadora a la Hacienda Pública en relación al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, el impuesto de patrimonio y el de sucesiones.
Según la investigación de Ruz, el imputado Demetrio Carceller Coll ocultó su domicilio real, que estaba en España, “con el objeto de poder de ocultar sus rentas y patrimonio a la Hacienda Pública española”.
Y lo hizo, según consta en el auto, hecho público hoy, mediante “estructuras fiduciarias radicadas la mayor parte de ellas en paraísos fiscales, reinvirtiendo en las diversas sociedades controladas por él las cuotas que, ejercicio tras ejercicio, se han ido defraudando a la Hacienda Pública española”.
CÓMPLICES
En el auto, Ruz señala que “para lograr su propósito”, Carceller Coll contó “en todo momento” con la colaboración del abogado Gabriel Ignacio Petrus, el apoderado José Luis Serrano Flórez y su hijo, todos ellos imputados en el caso.
Ruz señala que, según los informes de Hacienda, en los 8 años investigados (de 2001 a 2009) la cuota diferencial supera los 66 millones de euros, por lo debe perseguirse el delito contra la Hacienda Pública.
Como ya argumentó en su día, el magistrado Ruz, avalado por el Supremo, considera que Carceller Arce participó activamente en la gestión del patrimonio de su padre, "especialmente en las inversiones en Arizona, articulando junto con los otros imputados, las estructuras societarias para ocultar todas las rentas generadas". Las partes tienen ahora 20 días para solicitar la apertura del juicio oral.