Saliente ministro de Defensa afirma estar "dolido" por derogatoria de decreto

Lima.- El saliente ministro de Defensa de Perú, Rafael Rey, afirmó hoy que se siente "profundamente dolido" por la decisión del derogar un polémico decreto relativo a los procesos a los militares y policías por violaciones a los derechos humanos.

"Estoy dolido profundamente por la injusticia que significa que se haya retrocedido en algo que fue discutido ampliamente, artículo por artículo, en tres reuniones" en el Consejo de Ministros, manifestó Rey al Canal N de la televisión peruana.

Rey dejó hoy su despacho en medio de la polémica por el decreto 1097 y la instalación de un nuevo gabinete de ministros, aunque su sucesor, Jaime Thorne, sólo jurará al cargo mañana, cuando llegue al país desde Noruega.

El ministro saliente también negó que haya ordenado que se reparta un comunicado del Ministerio de Defensa a los congresistas que se reunieron hoy para derogar el decreto.

"No he repartido absolutamente ninguno (comunicado)", remarcó Rey, aunque luego dijo que tiene "derecho a publicar la justificación y comprobación de que todas las acusaciones que se han hecho respecto a ese decreto son falsas".

Rey también aseguró que le tiene "agradecimiento" al presidente Alan García por haberlo convocado a su gabinete y volvió a defender el polémico decreto al asegurar que "el propio ministro de Justicia confirmó en público la constitucionalidad" .

Según medios locales, el saliente ministro no fue convocado a la sesión del Consejo de Ministros que se celebró ayer para pedir al Congreso que derogue el decreto 1097.

El decreto, que fue derogado hoy en una sesión extraordinaria, permitía sobreseer las causas abiertas a militares y policías por violaciones a los derechos humanos si en 36 meses, desde la instrucción, no se dictaba sentencia.

Además, indicaba que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad regía para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003, cuando el país se adhirió a ese convenio, aunque hoy el Ejecutivo publicó una fe de erratas, agregando que su aplicación no debería ir "en perjuicio" de la jurisprudencia de instrumentos interamericanos y del Tribunal Constitucional.

Sus detractores denunciaron que el 1097 otorgaba impunidad a los militares y policías que cometieron crímenes contra los derechos humanos, ya que la mayor parte de los procesos abarcan hechos cometidos cuando el Estado combatió al terrorismo (1980-2000).