Lleida, 16 oct.- La presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, ha señalado hoy que se debería compensar a los comerciantes y empresarios sancionados en virtud de la normativa catalana que obligaba a rotular en catalán y no sólo en castellano, una ley cuestionada por el Tribunal Constitucional.
El TC ha anulado un precepto de la normativa catalana que establece la graduación de las infracciones a los derechos de los consumidores, lo que abre la puerta a la impugnación de las sanciones a establecimientos por no informar en catalán.
El TC ha invalidado así el artículo 30 de la Ley del Parlament 3/1993 del Estatuto del Consumidor, en el que se basan muchas de las sanciones a establecimientos que no informan de sus servicios en catalán.
Sánchez-Camacho, que ha acudido hoy a Lleida para presentar a la cabeza de lista del PPC por esta provincia, Dolors López, ha señalado sobre esta sentencia que celebra la decisión del Constitucional.
"Estoy a favor del impulso de la lengua catalana pero sin excluir la lengua castellana y, por lo tanto, estoy en contra de que se sancionara a los empresarios y comerciantes por rotular en castellano", ha dicho.
"El TC nos ha dado la razón a nosotros y a la normalidad del país, que vive en catalán y castellano", ha añadido Sánchez-Camacho, que cree que se debería poder resarcir a las personas sancionadas.
Según la líder del PPC, "hay que leer la sentencia y ver los efectos retroactivos que pueda tener, que en principio no los tiene, pero creo que se les debería compensar, porque se ha estado aplicando una sanción que ahora se reconoce inconstitucional".
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