Sánchez e Iglesias priorizan impuestos, reforma laboral y financiación de CCAA

  • El Partido Socialista impone a Unidas Podemos el principio del equilibrio presupuestario para no asustar ni a los mercados ni a Bruselas.
Fotografía Pedro Sánchez 'pacto del comedor' / EFE
Fotografía Pedro Sánchez 'pacto del comedor' / EFE

Combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar un trabajo digno, avanzar en la justicia fiscal, fortalecer el Estado de las autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia (financiación autonómica) y todo ello bajo el respeto al principio superior del equilibrio presupuestario, imprescindible para ganarse la credibilidad de los mercados y de las autoridades europeas. Los diez puntos del acuerdo de Gobierno alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos, a los que ha tenido acceso La Información y que se puede consultar en el documento anexo, han dejado marcados los principales vectores por los que se moverá la política económica de la coalición de gobierno en los próximos meses, en los que la desaceleración económica y sus efectos se convertirán en uno de los principales desafíos del nuevo Ejecutivo.

Conscientes de ello, PSOE y Podemos han situado el objetivo de 'consolidar el crecimiento y la creación de empleo' como el primer punto del decálogo de Gobierno rubricado este martes por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con el compromiso de "combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad". En la cuenta de cuestiones por resolver todo apunta a que figurará, por tanto, como prioritaria la reversión de los aspectos más lesivos de la reforma laboral que el Ejecutivo de Sánchez no pudo abordar finalmente en la minilegislatura de ocho meses que precedió este 'rally electoral' jalonado por las generales del 28-A y el 11-N.

El acuerdo de Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias también se compromete a 'blindar las pensiones', en un párrafo en el que hablan de garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones -que Unidas Podemos siempre ha dado por garantizada por defecto- y su "revalorización conforme al coste de la vida", una fórmula genérica que no menciona de forma directa el IPC y que es la que forzó a Unidas Podemos a romper el consenso del Pacto de Toledo en la última legislatura. El Partido Socialista ha conseguido imponer ahora la fórmula abierta que no pudo sacar adelante dentro del Pacto de Toledo.

El equilibrio presupuestario como principio básico

El 'rally electoral' de los últimos seis meses ha servido para que el Partido Socialista acepte gobernar, aunque tenga que dormir un poco peor, pero también para que la formación de Pablo Iglesias abandone su maximalismo en algunos aspectos singularmente emblemáticos como la revalorización de las pensiones con el IPC o el respeto al equilibrio presupuestario. El último punto del acuerdo bilateral hablar de 'justicia fiscal', la nomenclatura defendida por la izquierda política para sostener su voluntad de subir los impuestos a las grandes empresas y a las rentas más altas, pero también de 'equilibrio presupuestario', un concepto imprescindible si se quiere conseguir el aval de Bruselas y el de los mercados, cuya primera reacción al acuerdo fue negativa.

Bajo esa restricción, la de avanzar hacia unas cuentas equilibradas -para este año se espera un déficit del 2%-, PSOE y Podemos esperan poder convertir la vivienda en un derecho, no "en una mercancía", dignificar la situación laboral de los investigadores, repatriar talento emigrado en los años posteriores a la crisis, impulsar la industria y la economía digital, cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres, equiparar los permisos de maternidad y paternidad y revertir la despoblación de la llamada 'España vaciada', entre otros objetivos.

El tercer gran vector de la política económica del futurible gobierno psoe y podemos será la reforma de la financiación autonómica, un objetivo que el acuerdo enmarca -tal vez no de forma fortuita- en el mismo punto en el que se compromete a avanzar en garantizar la convivencia en Cataluña y avanzar en la normalidad política dentro de la Constitución. Y dentro de la Carga Magna la financiación autonómica es una de las palancas de las que dispone el Ejecutivo para satisfacer determinados anhelos de autonomía económica.

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