Sanidad y educación copan las quejas al defensor del pueblo en lo que va de año


Las actuaciones de las Administraciones en materia de sanidad y educación han motivado el mayor número de quejas presentadas en lo que va de año al Defensor del Pueblo, según un avance del primer semestre del año presentado este martes en el Congreso por la responsable de esta institución, Soledad Becerril.

En sanidad, destacan las quejas en materia de acceso a vacunas y en educación las relacionadas con el acceso a la Universidad de personas con discapacidad.
En los primeros cinco meses del año, el Defensor del Pueblo ha formulado 537 recomendaciones y sugerencias, con un porcentaje de aceptación por parte de las Administraciones del 76%
La institución ha iniciado en la primera mitad del año 198 actuaciones de oficio y ha gestionado 8.499 expedientes. De entre las actuaciones de oficio destacan las relativas a temas económicos, como la iniciada sobre la transparencia en la venta de productos financieros; o urbanísticos, como el acceso de la Sareb al Convenio del Fondo Social de viviendas con el fin de que haya más vivienda pública a disposición de los ciudadanos.
Para dar un mejor servicio a los ciudadanos, la institución ha realizado un esfuerzo para disminuir los tiempos medios de respuesta del Defensor a los ciudadanos y a la Administración. Así, en la actualidad el Defensor tarda una media de 32 días en responder a los ciudadanos, es decir, la mitad que en 2012 cuando tardaba 64 días.
En su comparecencia ante la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo, Becerril también presentó su último informe anual como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), a través del que formuló 204 resoluciones (84 recomendaciones, 114 sugerencias y 6 recordatorios de deberes legales) en 2014. De ellas, la Administración ha aceptado 148, esto es, el 72,5%.
Entre las mejoras detectadas, la institución ha constatado que en los centros de privación de libertad ha continuado la implantación de sistemas de videovigilancia y que se están aplicando las recomendaciones formuladas en el estudio sobre “Partes de lesiones de las personas privadas de libertad”.
Becerril también presentó a los diputados y senadores el estudio “La escucha del menor, víctima o testigo”, que analiza la posición jurídica del menor y su derecho a ser escuchado en tres momentos claves del proceso penal: la sede policial, la preconstitución de la prueba y el juicio oral.
El Defensor del Pueblo formula recomendaciones para que las Administraciones cumplan el nuevo Estatuto de la Víctima en relación a la escucha del menor, víctima o testigo. Además, propone medidas para favorecer entornos que disminuyan en lo posible el impacto emocional que sufren los menores cuando tienen que declarar o testificar.
También dio cuenta del estudio “La situación de los presos españoles en el extranjero”, en el que se analizan 224 expedientes gestionados por la institución en los dos últimos años. En él se formulan recomendaciones para mejorar la situación de los reclusos facilitando la tarea de los consulados y, sobre todo, para agilizar los trámites que permitan el cumplimiento de las condenas en España.
Las quejas, que envían los propios internos, sus familiares o las organizaciones no gubernamentales, corresponden a cárceles de 27 países, si bien el informe estudia en detalle la situación de nueve.

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