Se estrecha el cerco judicial a la expresidenta filipina Gloria Arroyo

  • Manila.- El cerco judicial a la otrora presidenta filipina Gloria Macapagal Arroyo y su entorno se estrecha cada vez más después de destaparse nuevos casos de posible corrupción durante su mandato y tras desenterrarse un escándalo de fraude electoral.

Se estrecha el cerco judicial a la expresidenta filipina Gloria Arroyo
Se estrecha el cerco judicial a la expresidenta filipina Gloria Arroyo

Manila.- El cerco judicial a la otrora presidenta filipina Gloria Macapagal Arroyo y su entorno se estrecha cada vez más después de destaparse nuevos casos de posible corrupción durante su mandato y tras desenterrarse un escándalo de fraude electoral.

"Si se demuestra que participó en la manipulación de votos en las elecciones presidenciales de 2004, irá a la cárcel" afirmó sin pestañear el presidente de la Comisión Electoral filipina, Sixto Brillantes.

Las viejas sospechas sobre los amaños electorales de Arroyo, al frente del país desde 2001 a 2010, reavivaron hace unas semanas cuando entró en escena un exsupervisor electoral que permanecía huido, Lintang Bedol.

Bedol declaró que falseó el recuento en los comicios legislativos de 2007 en la conflictiva provincia de Maguindanao por orden del Gobierno y también reveló un fraude en la elección presidencial de 2004, que Arroyo ganó al actor Fernando Poe, ya fallecido.

Desde entonces han salido a la luz una serie de testimonios e informaciones periodísticas que revelan irregularidades en ambos comicios.

El superintendente de Policía Rafael Santiago confirmó hace una semana al periódico 'Daily Inquirer' que él y sus hombres cambiaron en 2005 las papeletas que estaban archivadas en el Congreso desde los comicios de 2004 por otras falsas por orden del Gobierno, que buscaba cubrirse ante una posible investigación tras las denuncias recibidas.

Las revelaciones han desenterrado este viejo escándalo surgido en 2005 cuando trascendió la grabación ilícita de una conversación de Arroyo con el entonces presidente de la Comisión Electoral durante el escrutinio de los votos en las presidenciales de 2004.

Según los detractores de Arroyo, aquel diálogo sirvió para acordar el amaño de las elecciones, pero la expresidenta ha sorteado hasta el momento todos los procedimientos abiertos por el caso.

El Gobierno presidido desde hace más de un año por Benigno Aquino, contumaz rival de Arroyo, ha anunciado que tratará de probar la implicación de la exmandataria en el fraude electoral, aunque se topa con al escollo jurídico de que los delitos de 2004 pueden haber prescrito, según opinan varios juristas.

Para el parlamentario de la izquierda Neri Colmenares, "los indicios actuales son suficientes para abrir un proceso judicial contra Arroyo por fraude electoral".

La exmandataria, hoy congresista por su provincia natal de Pampanga, está viéndose acorralada por varios frentes judiciales por otras acusaciones de corrupción durante su presidencia.

Un grupo de diputados presentó la pasada semana una denuncia contra Arroyo por la supuesta malversación de un fondo de 325 millones de pesos (5,33 millones de euros ó 7,66 millones de dólares) destinado a la administración nacional de la lotería.

El grupo acusador asegura que estos fondos fueron en parte utilizados para sobornar a gobernantes locales, para financiar gastos electorales y engrosar las cuentas bancarias de destacados funcionarios del anterior Gobierno.

Unos días antes, Arroyo comparecía ante la Justicia para responder a las acusaciones de malversación de 500 millones de pesos (11,73 millones de dólares u 8,14 millones de euros) de un fondo destinado a los trabajadores filipinos en el extranjero.

La acusación sostiene que la exmandataria autorizó destinar esa suma de dinero a la financiación de su campaña electoral en los comicios presidenciales de 2004.

Además, colean otros casos sonados como su posible implicación en el desvío de 728 millones de pesos (12,08 millones de euros o 17,2 millones de dólares) reservados para ayudar a los agricultores en la compra de fertilizantes.

Por si fuera poco, su marido, José Miguel Arroyo, también envuelto en varios asuntos turbios, acapara las portadas de los diarios locales tras haber sido acusado de vender a la Policía helicópteros de segunda mano de cinco años de antigüedad al mismo precio que si fueran nuevos en 2009.

Entretanto, la expresidenta, de 64 años, guarda silencio y se recupera de una reciente operación de las vértebras cervicales.

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