Seguridad Nacional está en 'estado de alerta' para evitar ciberataques el 21-D

Cataluña y los ciberataques de otros países son los dos peligros que más preocupan a los estrategas de Seguridad Nacional españoles, que se encuentran alerta para evitar que el 21-D haya ningún tipo de problema, sobretodo a la hora de realizar el recuento de los votos. Así lo reflejan en un documento de 128 páginas que actualiza el realizado en 2013 y que marca los desafíos y amenazas a los que se enfrenta España.

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional habla por primera vez de la ciberseguridad dentro de la conocida como 'guerra híbrida'. En concreto, cita los ciberataques, las operaciones de manipulación de la información y elementos de presión económica, y confirma que todos ellos se han manifestado "especialmente" en procesos electorales. Por ello la vigilancia del 21-D va a ser prioritaria.

Seguridad Nacional tiene claro que "la finalidad última que se persigue con estos ataques es la desestabilización, el fomento de movimientos subversivos y la polarización de la opinión pública". El asunto preocupa y mucho al Gobierno, más aún cuando desde el independentismo ya se han expresado dudas sobre la limpieza electoral y se ha llegado a hablar de pucherazo. Cualquier precaución parece poca.

De hecho, este mismo viernes, el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, explicaba que el Consejo de Ministros ha abordado la "posibilidad" de que haya algún ciberataque en las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre.

Todos los esfuerzos de Seguridad Nacional se dirigen a evitar cualquier interferencia "de tipo informático" fundamentalmente a la hora del recuento de votos. "Se han puesto de manifiesto todas las precauciones para que la voluntad de los catalanes sea clara, voten en libertad y los resultados sean correctos y evitar posibles intromisiones como se ha visto en otros procesos electorales en otros países", ha subrayado.

La Estrategia de Seguridad Nacional aprobada este viernes por el Consejo de Ministros incluye también por primera vez los desafíos internos a la legalidad como un riesgo para la nación, aunque no menciona expresamente el proyecto independentista defendido en Cataluña durante los últimos años.

Sí apunta el documento que España se enfrenta a una serie de amenazas y desafíos tanto internos como externos entre los que incluye la "descohesión territorial" junto al reto demográfico o su "limitada" interconexión energética. "Los desafíos a la legalidad y al interés general de España requieren una respuesta desde el Estado de Derecho con objeto de garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos", sostiene en un resumen ejecutivo en la parte inicial del documento.

Además, en el capítulo dedicado a describir "el perfil de la España actual", plasma que se trata de un país en el que se puede defender cualquier proyecto político "siempre que se haga en estricta observancia de la legalidad y con respeto a los derechos y libertades de todos sus ciudadanos".

Según insiste, España es un Estado "social y democrático de Derecho" que está dotado de un marco constitucional que tiene al ciudadano como "eje central" y unas instituciones "que propugnan y protegen como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".

La Estrategia de Seguridad Nacional insiste en que a los tradicionales conflictos armados se añaden ahora formas adicionales de agresión e "influencia" como "la proliferación de armas de destrucción masiva y otras variantes de actos hostiles". "Sofisticados sistemas de armas de alta precisión se combinan con la letalidad funcional de ciberataques y acciones de influencia y desinformación", advierte.

El documento hace también alusión a la ambigüedad y la dificultad de atribución de estas acciones, que subraya que son perpetradas tanto por actores estatales como no-estatales con el objetivo de movilizar a la opinión y la desestabilización política.

En este sentido, alude a los espacios comunes -el ciberespacio, el espacio marítimo y el espacio aéreo y ultraterrestre-, que "conectan el mundo y permiten el libre flujo de personas, bienes, información, servicios e ideas". Pero también apunta a la difícil atribución de acciones delictivas en ellos y "su débil regulación", por lo que apuesta por la cooperación internacional y la asistencia mutua para hacerles frente.

También repasa las características propias del ciberespacio, como su componente tecnológico, fácil accesibilidad, anonimidad, alta conexión y dinamismo", y constata que en los últimos tiempos las acciones delictivas en él han aumentado "notablemente" en número, alcance y sofisticación.

"Tales acciones adquieren creciente relevancia para España, un país altamente interconectado y que ocupa una posición de liderazgo en Europa en materia de implantación de redes digitales", alerta insistiendo en que las ciberamenazas van en ascenso tanto por parte de Estados --"que persiguen la expansión de sus intereses geopolíticos a través de acciones de carácter ofensivo y subversivo"-- como de organizaciones terroristas, grupos de crimen organizado y actores individuales.

"La utilización del ciberespacio como medio para la realización de actividades ilícitas, acciones de desinformación, propaganda o financiación terrorista y actividades de crimen organizado, entre otras, impacta en la Seguridad Nacional, amplificando la complejidad y la incertidumbre, y también pone en riesgo la propia privacidad de los ciudadanos", enfatiza.

Por ello, marca como objetivo garantizar un uso seguro de las redes y los sistemas de comunicación e información a través del fortalecimiento de las capacidades de "prevención, detección y respuesta a los ciberataques".