México, 1 dic.- El Senado mexicano aprobó hoy una reforma constitucional que elimina la inmunidad legal (fuero) del presidente, ministros, magistrados de la Suprema Corte, del Tribunal electoral y de la Judicatura, para que puedan ser sujetos a proceso penal en caso de presunción de delito.
Esta enmienda a la Carta Magna, aprobada con los votos de 81 senadores presentes en la sesión, permite que los altos funcionarios puedan afrontar un juicio penal, "sin ser privados de su libertad e inmunidad en el tiempo que dure el mismo", indicó la Cámara alta en un comunicado.
Con esta reforma se podrá proceder penalmente en contra de los gobernadores, el fiscal federal y los máximos funcionarios del Instituto Federal Electoral, entre otros.
"El juez de la causa determinará si da lugar a la expedición del auto de vinculación a proceso penal" en caso de que exista presunta responsabilidad por parte de algún servidor público.
El cambio constitucional permite mantener en el cargo y en libertad sin restricciones al servidor público mientras dure el proceso penal, señaló el Senado.
Si se dicta una sentencia condenatoria, el juez solicitará a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad para que el funcionario sea cesado y quede a disposición de las autoridades correspondientes.
El desafuero deberá resolverse en un plazo máximo de diez días tras la petición, con el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes en el pleno, sin necesidad de un dictamen previo, y con la audiencia del servidor público.
En caso de un juicio al presidente, se aplicará el mismo procedimiento, "pero los diputados actuarán como cámara de origen para resolver el pedido judicial y el Senado será el órgano revisor".
Los senadores deberán tomar la decisión con la presencia de al menos dos terceras partes de la Cámara alta y en un plazo de diez días hábiles después de recibir el proyecto de retiro de la inmunidad de parte de los diputados.
Una decisión o declaración del Congreso en torno al retiro de la inmunidad no podrá ser suspendida por un fallo judicial ni parlamentario.
El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Pedro Joaquín Coldwell afirmó que esta reforma "ataca frontalmente" la impunidad de los políticos.
El legislador Guillermo Tamborrel, del gobernante Partido Acción Nacional (PAN), precisó que los parlamentarios "no podrán ser detenidos, procesados ni juzgados por las opiniones que emitan durante el ejercicio de su cargo".
Esta reforma constitucional deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados y posteriormente por al menos 17 de los 32 congresos estatales.
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