¿Señor alcalde, sabe usted dónde está su pueblo?

Tiurana es un municipio de la provincia de Lleida, situado en la comarca de la Noguera y con 80 habitantes. En 2009, su alcalde, el socialista Antoni Armengol, dimitió tras 14 años en el cargo-primero con el PP, luego con CiU y más tarde con el PSC- y llegó el problema. Según la ley, la alcaldía habría de ser ocupada por la candidata de la segunda fuerza más votada. Era María Yolanda Larren Baños. Afiliada del PP de Palencia. Residente en Palencia. Y que ni siquiera sabía donde se encontraba Tiurana.

El caso de este pequeño pueblo ilustra con precisión una polémica encendida en los últimos días pero que desde hace años se ha convertido en práctica habitual en los partidos políticos. Son las conocidas como 'listas fantasma', integradas por 'paracaidistas': este último término puede referirse a aquellos candidatos que han ido cambiando de 'chaqueta' electoral, cayendo de partido en partido, aprovechándose con frecuencia de la política para su propio beneficio. Pero también, a aquellos que no tienen ninguna relación con el pueblo, que ni siquiera residen en el pueblo, o que, en los casos más extremos, ni siquiera han oído hablar del pueblo. Las formaciones recurren a ellas para lograr más representantes. Y también para participar del jugoso reparto de subvenciones.

Un trabajo del periódico elsingular.cat ha identificado sólo en Cataluña hasta 145 listas 'fantasma' del PSC y 140 del PP, un 27,5% y un 27% respectivamente del total de candidaturas. Son, señala este diario, listas en municipios pequeños, de entre apenas 100 y 250 habitantes, donde los ayuntamientos están formados por cinco miembros. En el caso del PP, estas candidaturas están encabezadas en el 90% de los casos por personas totalmente desconocidas por los vecinos. Algunos ni siquiera viven en Cataluña, otros incluso se han presentado en elecciones en varias poblaciones diferentes. Según los cálculos, costarán a los catalanes 1.202.488 euros.

El fenómeno fue habitual en Euskadi, especialmente en los años más duros de la violencia de ETA, donde la elaboración de las listas era complicada. Pero se ha convertido en habitual en la práctica política de todo el país.

¿Son legales? Lo son, aunque éticamente reprobables. La Ley orgánica de régimen electoral general no lo sanciona. Es más, lo incentiva. Así, en su artículo 193.1, recoge que el Estado subvencionará los gastos originados por la actividad electoral en función de los concejales electos y de los votos obtenidos por cada candidatura, siempre que no de ellos al menos haya sido elegido concejal. Las cantidades a recibir son 276,86 euros por concejal electo y 0'55 por cada voto obtenido.

Hacienda subvenciona además el envío por correo de propaganda, papeletas y sobres electorales con 22 céntimos por elector en cada una de las circunscripciones en las que haya obtenido representación en las Corporaciones Locales de que se trate, siempre que la candidatura haya presentado listas en el 50% de los municipios de más de 10.000 habitantes de la provincia y que haya obtenido representación en, al menos, la mitad de los mismos. Todo ello aparece reflejado en el Boletín Oficial del Estado.

Los partidos se aferran a esta legalidad para colocar así a sus candidatos y completar la difícil tarea de abarcar la geografía al máximo. El PP presentará más de 7.300 candidaturas el 24 de mayo (se elegirán 8.122 alcaldías), el PSOE, cien menos, IU, 1943, UPyD, 407... Ciudadanos se ensayará a lo grande en política nacional con 970 listas para las municipales. En 2011, eran 69, y 56 de ellas en Cataluña.¿Es posible controlar que todos los candidatos tengan vínculos con el municipio?

Las legislaciones de otros países son mucho más estrictas. En EEUU, por ejemplo, los candidatos deben acreditar que llevan residiendo en el municipio desde al menos un año antes de las elecciones. El exjefe de gabinete del presidente Obama, y ahora reelegido alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, se vio en 2011 seriamente comprometido para demostrar su vinculación con la alcaldía a la que aspiraba al encontrarse trabajando en la Casa Blanca. Un juez determinó finalmente que su candidatura era válida al tratarse de "un trabajo al servicio de los Estados Unidos".Boicot vecinal

Otra fotografía se encuentra en La Vilella Alta (Tarragona). En 2011, la abstención en este municipio de 112 habitantes de la comarca del Priorat fue de récord: ninguno de sus 112 vecinos acudió a las urnas. Fue su boicot a las listas presentadas por el PP y el PSC, ambas fantasmas. Para evitarlo este año, cinco vecinos se han unido en la candidatura Unitat Popular Poble Actiu, con la que concurrirán a los comicios.

Días atrás, el PP de La Rioja denunció la existencia de hasta 128 candidaturas fantasma en la región, 56 del PSOE y 72 del PR. Casos como el de René Larumbe, secretario de Formación del PSOE riojano, que encabeza la lista de Villoslada de Cameros, y que hace cuatro años se presentó como 'alcaldable' por la vecina Ortigosa. Dos localidades separadas por 14 kilómetros. Larumbe es responsable del Parque de Servicios del ayuntamiento de Calahorra. En su lista se incluye Rogelia Fuertes, candidata por la localidad de Alberite en pasadas elecciones.

El candidato socialista al ayuntamiento de la riojana Villalobar Ramón Carnero, ha recalado en este pueblo de apenas 68 habitantes después de probar suerte en otros tres municipios. Ibán García del Blanco, leonés en la Ejecutiva socialista de Pedro Sánchez, y natural de El Bierzo se presentará como número seis en la localidad de Carrizal, Zamora. Casi sabedor de que no tendrá que acudir a plenos ni a actividades municipales, porque en el municipio el PP gobierna con mayoría.

Los casos salpican toda la geografía. Algunos, sonoros. Agustín Juárez, alcalde dimitido de Collado Villalba (Madrid) por su presunta implicación en la trama Púnica fue un 'paracaidista' en la localidad impuesto por el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Así lo denunció el que en ese momento era candidato 'popular' al ayuntamiento, Julio Henche, que renunció tras negarse a incluirle en la lista de 2007. Juárez se presentó en cuarto puesto.

Muestra de la colocación "a dedo" de candidatos es Mejorada del Campo, también en Madrid. Su alcaldesa, Cristina Carrascosa, y otras 19 personas, fueron expulsadas de la candidatura del PP tras la negativa de ésta a introducir a personas impuestas desde la dirección madrileña, con el argumento de que "se habían quedado descolocadas". Carrascosa y los otros integrantes de su lista presentaron la pasada semana un recurso en los juzgados de Madrid para defender el derecho a ser elegidos. Su candidatura fue de hecho ratificada en marzo por la dirección regional del partido.

Otra práctica de los partidos es colocar en las listas de ciertos municipios a algunos de sus "pesos pesados" en política nacional. Lo hace, por ejemplo, el PP, para seguir una tradición, explica el partido, de los años en los que la violencia de ETA golpeaba con fuerza y que se entiende como "apoyo" a los populares vascos. Así, Javier Arenas, vicesecretario de Política Autonómica y Local, cierra la candidatura del PP en Rentería para las próximas municipales, al igual que hizo ya en tres ocasiones anteriores. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, hará lo propio en Vitoria, localidad de la que fue alcalde y donde se presenta en último puesto.