Silencio de Gobierno argentino sobre caso de vicepresidente,que sigue de gira

Buenos Aires, 29 jun.- El vicepresidente argentino, Amado Boudou, continúa hoy de viaje oficial fuera del país pese a haber sido procesado en un caso de corrupción, mientras que el Gobierno permanece en silencio y la oposición estudia cómo presionar para que el funcionario renuncie o pida licencia.

La agencia oficial Télam informó que el vicepresidente continuó con su agenda de actividades prevista en Cuba y que ahora proseguirá con su gira, que le llevará esta semana a Panamá.

En tanto, ni una palabra ha salido del Ejecutivo de Cristina Fernández desde que el pasado viernes un juez procesara a Boudou por presunto cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su cargo, un hecho inédito en Argentina.

Salvo a través de sus abogados defensores, que anticiparon que recurrirán el procesamiento la semana próxima, Boudou tampoco ha hablado sobre la decisión judicial, que lo sorprendió de viaje oficial en Cuba, y está previsto que regrese al país el próximo jueves tras visitar Panamá.

En tanto, la oposición estudia cómo presionar para habilitar en el Parlamento un juicio político contra el vicepresidente, quien también es el titular del Senado.

Para impulsar ese proceso, se necesitan dos tercios de los votos de la Cámara de Diputados, actualmente dominada por el oficialismo.

Por eso, los opositores buscan persuadir a parlamentarios del gobernante Frente para la Victoria y de fuerzas tradicionalmente aliadas al oficialismo para que voten a favor de impulsar un juicio político.

Mientras, los dirigentes opositores no dejan de reclamar públicamente que el vicepresidente renuncie o pida licencia o que sea la presidenta quien le exija su alejamiento del cargo.

En paralelo, el Frente Amplio Unen, Propuesta Republicana y el Frente Renovador -las principales fuerzas opositoras- están impulsando la creación de una comisión "de notables" que investigue todo tipo de casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios y maniobras incompatibles con la función pública.

El vicepresidente está acusado de presuntamente haber aceptado el 70 % de las acciones de la imprenta de dinero Ciccone en 2010, cuando era ministro de Economía, a cambio de ayudar a la firma a levantar un pedido de quiebra solicitado por el Fisco por deudas impositivas.

Según el juez del caso, Ariel Lijo, Boudou habría actuado junto a José María Núñez Carmona, empresario y amigo del funcionario, y a Alejandro Vandenbroele, de la firma The Old Fund, empresa que se quedó con la imprenta.

Lijo también procesó a los dueños de Ciccone por supuestamente ofrecer la cesión de acciones a cambio de ser salvados de la quiebra y de pactar contratos con el Estado para imprimir billetes y documentos.

Además procesó a un exjefe de asesores del Fisco que presuntamente facilitó un plan de pagos para levantar la quiebra.

Tanto los diarios La Nación como Clarín coincidieron hoy en afirmar que Fernández, para no mostrar signos de debilidad, no le pedirá a Boudou que renuncie ni que se tome licencia mientras prosiga el trámite judicial.

Ante una medida judicial que supone un duro golpe para el Gobierno de Fernández, la presidenta ha ordenado no hablar sobre el tema, mientras prepara la defensa de Boudou, según La Nación.

Signo "elocuente" de la preocupación oficial "fue el cerrado silencio de funcionarios sobre el caso, pese a que la oposición pidió a coro el inmediato juicio político y remoción", destacó hoy el periódico.

"Cristina no le soltará la mano a Boudou", dijo por su parte un alto funcionario gubernamental, no identificado, citado por el diario Clarín.

Antes, apostará a ganar tiempo con la apelación del procesamiento ante la Cámara Federal, paso que los abogados de Boudou anticiparon que darán el próximo viernes.

Según informó el periódico Perfil en su edición de este domingo, "la estrategia, dictada por el Ejecutivo, es llegar con el caso a la Corte" Suprema.