San José, 8 dic.- El sector sindical de Costa Rica exigió hoy al presidente Luis Guillermo Solís levantar el veto a una reforma procesal laboral o denunciarán al país ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y saldrán a protestar a las calles.
La coalición Patria Justa, conformada por diversos sindicatos del país, aseguró hoy en conferencia de prensa que Costa Rica tiene un "expediente negativo" en la OIT porque no ha cumplido con los derechos de libertad sindical laboral contenidos en la reforma.
"Exigimos al presidente Solís que cumpla con su palabra de levantar el veto. Con esta acción Solís le lava la cara al país y restaura la imagen deteriorada", dijo el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas.
Según Patria Justa, durante la campaña política Solís le prometió levantar el veto interpuesto a la reforma en el 2012 por la anterior mandataria, Laura Chinchilla (2010-2014), quien consideró que legaliza las huelgas en servicios esenciales.
Los sindicatos afirman que la reforma contiene herramientas para proteger derechos como salarios mínimos, libertad sindical en el sector privado, jornadas de trabajo, aguinaldos, así como un mejor acceso a la justicia en temas laborales, entre otras cosas.
Albino Vargas indicó que un 80 % de los sindicatos del país están apoyando la petición de Patria Justa y en caso de no ser acatada iniciarán un procedimiento de denuncia ante la OIT y en 2015 saldrán a protestar a las calles.
Además, los sindicatos pedirán ayuda a organismos internacionales de derechos humanos e iniciarán una campaña con Euroban, una coalición de la sociedad civil europea, para "boicotear" en supermercados productos como banano y piña costarricenses "producidos en condiciones donde se violan reiteradamente los derechos laborales", dijo Vargas.
Los sectores empresariales del país han pedido en los últimos días a mandatario Solís que no levante el veto, pues consideran que la reforma legalizará las huelgas en servicios esenciales sin un número "representativo" de trabajadores, lo que afectará el clima de inversión y de seguridad jurídica del país.
Los empresarios han solicitado cambios a la reforma para que se convierta en una legislación "moderna" y que cumpla con los principios de "razonabilidad y proporcionalidad".
Según Vargas el sector empresarial pide esto debido a que tienen "miedo" porque son los "grandes violadores de la libertad sindical" y una vez que se levante el veto "quedará en evidencia que no pagan el salario mínimo, no pagan aguinaldo y permiten el acoso laboral".
El próximo 13 de diciembre se vence un plazo reglamentario en el Congreso para que se decida qué hacer con la ley: si se archiva, si el presidente levanta el veto o si los diputados aprueban una moción para extender por cuatro años la vigencia del texto en la corriente legislativa con el fin de hacerle cambios.
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