Sociedad civil América sugiere respuesta sociosanitaria a problema de drogas

Guatemala, 18 sep.- Una treintena de organizaciones civiles sugirió hoy a los gobiernos de América dar una respuesta sociosanitaria al problema de las drogas que será debatido mañana en la XLVI Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Guatemala.

En un pronunciamiento denominado "Por un nuevo paradigma en las políticas de drogas: un llamado de la sociedad civil a los Estados de la región", las entidades señalaron que es necesario diferenciar los distintos tipos de consumo y que, sin menoscabar la importancia de la prevención, la respuesta al flagelo debe ser sociosanitaria.

"Los Estados deben respetar el derecho de toda persona que usa drogas a elegir el momento y el tipo de dispositivo de atención. No deben ser obligadas a iniciar, suspender o aceptar un determinado tratamiento", indica un comunicado enviado a Efe.

Además, anota que las personas que usan drogas no deben ser penalizadas y criminalizadas por su consumo.

"Sólo una clara separación entre usuarios de drogas y mercado ilegal permitirá que el esfuerzo de las agencias de seguridad se enfoque en quienes realmente deben hacerlo y la medida redundará en un primer descongestionamiento de las cárceles y de los sistemas de Justicia", añade.

La sociedad civil del hemisferio también recomienda a los gobiernos incorporar una perspectiva de género que permita identificar y abordar los impactos diferenciales que el problema de las drogas tiene en la vida de las mujeres.

Además, exhorta a los estados a adoptar un enfoque integral en los programas de desarrollo alternativo a cultivos de uso ilícito, que tenga en cuenta la pobreza, la exclusión social y el abandono estatal de los cultivadores de la región.

En opinión de estos organismos, para reducir los niveles de violencia asociados al problema mundial de las drogas y sus delitos conexos, resulta esencial aplicar y fortalecer medidas más eficaces para prevenir la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos y su desvío hacia los grupos delictivos organizados.

Consideran que el actual enfoque contra las drogas, centrado en políticas represivas, genera mayor ruptura de los lazos sociales, marginación, estigmatización y discriminación.

"Todos los cambios sobre políticas de drogas, actuales y futuras, bajo ninguna circunstancia deben causar o significar retrocesos en la democracia y el respeto a los derechos humanos con la predisposición a explorar alternativas que busquen reducir la violencia y la militarización", según el texto.

La elaboración de un Plan de Acción Hemisférico de Prevención del Delito y la Violencia debe incluir, como uno de los factores que hoy contribuyen al incremento de la violencia y la delincuencia, las consecuencias de las actuales políticas de drogas o la llamada "Guerra contra las Drogas", expresaron.

También sugieren un amplio y abierto debate para que todos los sectores de la sociedad tomen conocimiento de los diversos aspectos del fenómeno y contribuyan así al fortalecimiento de las estrategias nacionales contra las drogas.

Entre las organizaciones que firman el comunicado figuran la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID), Asuntos del Sur (ADS) de Chile, Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCa) de Argentina y el Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH) de Perú.

Además,el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD), de México; la Corporación Humanas, de Colombia; Drug Policy Alliance (DPA) de Estados Unidos; Fundación Quitu Raymi, de Ecuador y el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES) de Guatemala.

Asimismo, el Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos (OCDI), de Bolivia; Proderechos, de Uruguay y Washington Office on Latin America (WOLA) de Estados Unidos.