Washington, 15 dic.- El soldado estadounidense Bradley Manning, sospechoso de filtrar miles de documentos secretos a WikiLeaks, se enfrentará este viernes a una primera audiencia para determinar si debe ser juzgado por un tribunal militar o por uno ordinario.
Manning, acusado de entregar a WikiLeaks miles de documentos confidenciales sobre las guerras de Afganistán e Irak y cables diplomáticos de EE.UU., podría ser imputado con hasta 22 cargos por violación del código militar.
La audiencia tendrá lugar en Fort George Meade, cerca de Baltimore, en el estado de Maryland, y estará abierta al público, a excepción de los momentos en los que se traten asuntos que contengan información clasificada.
Se espera que el proceso dure una semana con el objetivo de determinar si Manning debe ser juzgado por un tribunal militar o por uno ordinario.
El soldado, de 23 años, fue arrestado en 2010 tras ser denunciado por el pirata informático Adrian Lamo como la "garganta profunda" de WikiLeaks, la plataforma fundada por Julian Assange.
En junio pasado fue acusado por las autoridades militares estadounidenses de infringir el código militar.
Según la acusación, Manning tuvo acceso a los documentos que supuestamente filtró a WikiLeaks cuando estaba destinado en la Base Operativa Avanzada Hammer, a unos 60 kilómetros al este de Bagdad (Irak), y podía consultar dos redes clasificadas del Gobierno estadounidense.
Manning estuvo recluido al principio en la Base del Cuerpo de Infantería de Marina en Quantico (Virginia), donde estuvo sometido a aislamiento.
Varias organizaciones internacionales, entre ellas Naciones Unidas, denunciaron el trato que recibía el soldado, quien llegó a asegurar que lo obligaban a dormir desnudo en su celda.
El Gobierno de EE.UU. negó las acusaciones y el pasado abril las autoridades trasladaron a Manning a la cárcel militar de Fort Leavenworth, en Kansas, donde puede recibir visitas y se le permite estar tres horas fuera de su celda cada día.
Grupos de activistas, como la llamada Red de Apoyo a Bradley Manning, piden la libertad del soldado por "su valentía en defensa de la justicia y la transparencia gubernamental", y recaudan dinero para costear los gastos de su defensa.
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