Sólo ICV-EUiA mantiene el pedal firme sobre la limitación a 80 km/h

Barcelona.- La limitación de la velocidad en los accesos a Barcelona a 80 km/h, una medida polémica dirigida a mejorar la calidad del aire y la seguridad viaria en el área metropolitana de Barcelona, se ha quedado con pocos valedores políticos y sólo ICV-EUiA, sus promotores, la defienden con firmeza.

Esta medida, que formaba parte de un paquete de más de setenta actuaciones puesto en marcha por la Generalitat en 2007, fue recibida con reticencias tanto por las formaciones políticas de la oposición, como por diversas entidades locales, sobre todo en ayuntamientos del Baix Llobregat, que ponían en duda su eficacia.

Un informe presentado hace unos días por la consellería de Medio Ambiente señalaba que a pesar de que este plan había hecho disminuir la presencia en el aire de las micropartículas (PM10), no obtenía los mismos resultados en los niveles de dióxido de carbono (NO2), lejos de los límites fijados por la UE.

Desde el departamento que dirige el ecosocialista Francesc Baltasar se ha insistido en la necesidad de mantener las medidas, para no echar por tierra los logros obtenidos en estos años -entre ellas la reducción de la accidentalidad- y abogan por poner en marcha nuevas actuaciones correctoras.

Sin embargo, no lo tienen tan claro sus todavía socios del PSC, partidarios de flexibilizar al alza esta polémica medida durante las horas nocturnas, las de menor tráfico.

ERC, la otra pata del tripartito, tampoco cierra la puerta a que se flexibilice la limitación de velocidad "siempre y cuando no se pongan en peligro los logros conseguidos", señalan los republicanos.

Desde las filas de CiU, el partido que según las encuestas saldrá ganador en las elecciones del 28 de noviembre, advierten de que si gobiernan suprimirán esta limitación, mientras que en el PPC afirman que es una medida "ineficaz" impuesta a José Montilla por ICV y anuncian también los populares que si son "decisivos" para la composición del futuro ejecutivo la harán desaparecer.

Ciutadans, la otra fuerza con representación parlamentaria, también es partidaria de eliminar la limitación de los 80 km/h y sustituirla por velocidad variable en función del tráfico.

Otro asunto que inevitablemente está en la palestra durante la campaña electoral será el futuro destino del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares, una instalación a la que opta el municipio tarraconense de Ascó, un proyecto que fue rechazado por el Parlament con los votos de los diputados del tripartito y CiU, y la abstención de los del PPC y Grupo Mixto.

A pesar de que la decisión parecía inminente, el Gobierno central, responsable de la construcción del almacén, aplazó in extremis el "fallo" sobre su posible ubicación, cuando todas las miradas se dirigían a la solicitud planteada por Zarra (Valencia), por un informe que apuntaba su idoneidad, pero que no resultó definitivo.

Ante esta incertidumbre, la dirección de CiU, que gobierna en el ayuntamiento de Ascó y que se mostró contraria a la candidatura presentada por su alcalde, no parece dispuesta a aceptar el almacén y eso que la formación nacionalista es partidaria de la energía nuclear, y apoya el almacenamiento aunque no en territorio catalán.

En una coyuntura similar se encuentra el PSC, cuyo candidato a la presidencia José Montilla fue el promotor de esta instalación cuando ocupaba la cartera de Industria, y que ahora ve que una decisión favorable a Ascó podría dinamitar las opciones socialista en esas comarcas, y entre el electorado más ecologista.

Ante esta situación, ERC e ICV, formaciones que rechazan la construcción de la ATC, reclaman a los dos partidos mayoritarios que dejen clara su postura sobre esta instalación que a pesar de la inversión que conlleva, unos 700 millones de euros, y los puestos de trabajo que creará, cerca de 400, genera grandes recelos sobre todo en las comarcas tarraconenses.

El PPC, partidario de la energía nuclear y crítico a su vez con la "incoherencia" de los grupos que apoyan en el Congreso la creación del ATC y luego lo rechazan en Cataluña, defiende en este caso la autonomía local y que no se intervenga en la decisión de Ascó, una postura similar a la de Ciutadans, que verían "razonable" que los residuos se almacenasen junto a una central nuclear.

En cualquier caso, parece poco probable que el Ministerio de Industria dé la sorpresa y anuncie antes del 28 de noviembre el lugar definitivo del almacén, por los imprevisibles efectos que esta decisión tendría en las urnas en Cataluña ante la cita del 28-N.