Sospechoso de asesinato de periodista paraguayo acusa a exalcalde oficialista

  • La Fiscalía paraguaya ordenó hoy la prisión para Arnaldo Cabrera, uno de los cuatro imputados por el asesinato de un periodista y de su asistente, después de que acusó de planear el crimen a un excalde del oficialista Partido Colorado, informan los medios locales.

Asunción, 9 dic.- La Fiscalía paraguaya ordenó hoy la prisión para Arnaldo Cabrera, uno de los cuatro imputados por el asesinato de un periodista y de su asistente, después de que acusó de planear el crimen a un excalde del oficialista Partido Colorado, informan los medios locales.

Según las fuentes, Cabrera, que fue detenido el lunes, ratificó la versión de la Fiscalía de que el exintendente Vilmar Acosta, para quien trabajaba como chófer, es el autor intelectual del asesinato de Pablo Medina, periodista de ABC Color, y de Antonia Almada, ocurrido a mediados de octubre.

Durante su declaración a la jueza Sandra Quiñonez en la ciudad de Curuguaty, Cabrera dijo que Acosta ordenó el asesinato a causa de los reportajes que escribía la víctima.

Medina era conocido por sus escritos en los que relacionaba el tráfico de marihuana con algunos políticos del departamento de Canindeyú, donde se produjo el asesinato.

Según la Policía, Cabrera fue encontrado en una zona boscosa a 50 kilómetros de Ypejhú, la localidad que gobernaba como alcalde Acosta, que se encuentra en paradero desconocido desde el asesinato.

Acosta está además imputado por producción, acopio y tráfico de marihuana.

Su hermano Wilson Acosta y su sobrino Flavio Acosta están imputados como autores materiales del crimen y también están prófugos.

Según fuentes policiales, Vilmar Acosta podría haber encontrado refugio en el vecino Brasil, el principal receptor de la marihuana de Paraguay, país que es el mayor productor de Suramérica de esa droga.

La muerte de Medina y Almada provocó todo un debate en Paraguay sobre las supuestas conexiones entre narcotraficantes y políticos oficialistas de distintos niveles, desde concejales a legisladores, puestas en evidencia en un informe de la Secretaria Nacional Antidrogas revelado por el Congreso.

El Poder Legislativo ha abierto una comisión especial para investigar el asunto y ofrecer la documentación a la Fiscalía.

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