Sugieren políticas "integrales" y "armonizadas" sobre refugio en A. Latina

Quito, 28 may.- La organización no gubernamental Asylum Access Ecuador (AAE) presentó hoy en Quito un informe acerca de la situación del refugio en algunos países de América Latina en el que sugirió políticas "integrales" y "armonizadas" en la región.

Según AAE, en América Latina 377.100 personas tienen el estatus de refugio y viven tanto en países de la región como fuera de ella. Ecuador, que acoge a 56.000, el 98 por ciento de ellos colombianos, es el país latinoamericano con mayor número de refugiados en su territorio.

El informe, presentado en la sede de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), recogió estudios efectuados en Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y México, donde se investigó la normativa y las políticas aplicadas por cada uno de ellos en el tema de refugio.

Karina Sarmiento, directora de AAE, indicó que las normativas en cada uno de los países investigados son diferentes, así como los programas que se aplican en favor de las personas en situación de refugio.

Sarmiento señaló que el estudio, elaborado con el aporte de otras organizaciones pro derechos humanos, formuló varias recomendaciones a los gobiernos que buscan "garantizar políticas integrales" de refugio en la región.

Los países, dijo, deberían incluir en sus legislaciones normativas sobre "el debido proceso" y remarcó que la región debe caminar hacia la armonización de las leyes para "fortalecer las estructuras de protección" a los refugiados.

Asimismo, sugirió a Colombia y Ecuador elaborar una ley sobre el refugio, que hasta ahora es regulado por decretos ejecutivos, así como incorporar en la normativa regional las recomendaciones que sobre el tema ha hecho el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

En la presentación también intervinieron el catedrático Ramiro Ávila y el experto Alexis Ponce, quienes coincidieron en admitir que el tema del refugio es un asunto muy complejo en el que debe involucrarse a la sociedad civil.

Ávila incluso vio como necesario que en las comisiones estatales que atienden este capítulo se incluyan a representantes de organizaciones de la sociedad civil e incluso a delegados de los colectivos de refugiados.

Ponce, por su parte, además de destacar el esfuerzo que ha hecho el Estado ecuatoriano en favor de los refugiados, que ha sido -recordó- elogiado por Naciones Unidas, dijo que las propuestas en la materia deberían ser también presentadas ante los organismos de integración como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).