San José, 15 nov.- La supuesta filtración de una sentencia relacionada a la trasnacional minera Industrias Infinito, causó hoy la renuncia de uno de los magistrados suplentes de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, confirmaron fuentes oficiales.
El magistrado suplente Moisés Fachler presentó hoy su renuncia luego de ser señalado por un testigo como la persona que filtró el borrador de una sentencia definitiva sobre la pretensión de la firma canadiense de establecer una mina de oro a cielo abierto en el país.
La denuncia la presentó el abogado y periodista William Méndez, exvocero y exasesor legal de Industrias Infinito en Costa Rica, quien aseguró a la Fiscalía y a medios locales, que un "magistrado suplente" llevó el documento secreto al gerente de la empresa en el país, Juan Carlos Obando, durante una fiesta.
Esta sentencia resolvería una apelación de la empresa, filial de Infinito Gold, en contra de una condena que le prohíbe construir su mina Las Crucitas, en la zona norte del país.
Méndez aseguró que la empresa conoció el borrador de la sentencia que emitiría la Sala Primera, encargada del caso, por la fuga de información protagonizada por el magistrado suplente.
Fachler, quien fuera en el pasado tesorero del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN), dijo hoy a la emisora Radio Reloj que nunca entregó el documento secreto a Obando, aunque reconoció haber asistido a una fiesta en su casa pues el gerente de la empresa es su "amigo personal".
El ahora exmagistrado indicó que prefirió renunciar a su puesto para "evitar malentendidos" y aseguró que se pondrá a las órdenes de la Fiscalía para que se investigue si hubo fuga de información.
Industrias Infinito señaló en un comunicado que "lamenta profundamente la situación ocurrida tras las declaraciones de un exfuncionario suyo".
"Estos hechos afectan la imagen de la empresa y es una situación expuesta a nivel mediático sin fundamento", puntualizó.
La empresa aseguró que espera que "esta situación se investigue para que se aclaren los presuntos hechos denunciados" y que está dispuesta a colaborar con las autoridades en todo lo que requieran.
Hace un año, un Tribunal Contencioso Administrativo ordenó cancelar la concesión minera del proyecto Las Crucitas, además de imponerle un pago a modo de reparación por los daños ambientales provocados por la tala de árboles en los trabajos iniciales de construcción.
La trasnacional presentó en enero su apelación ante la Sala Primera y aún se espera el fallo definitivo sobre el futuro de la mina en el país.
La presidenta de la Sala, Anabel León, dijo en rueda de prensa que de confirmarse una fuga de información sería un hecho lamentable y un "golpe a la credibilidad del Poder Judicial".
Añadió que el caso se investigará en todas las instancias pertinentes y que "los hechos se aclararán hasta las últimas consecuencias".
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