La Rinconada (Sevilla), 10 jul.- La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha considerado hoy que "sería entendible" que la Junta de Andalucía pagara la defensa jurídica de altos cargos y funcionarios imputados en el fraude en los ERE en los "supuestos en que sean declarados inocentes".
De esta forma entiende la consejera de la Presidencia el anuncio de la Junta de ayer de que abonará la defensa jurídica privada de los altos cargos de la administración autonómica que están en activo y de los funcionarios públicos imputados en el caso de los ERE si así lo aprueban sus servicios técnicos.
En declaraciones a los periodistas tras asistir a la inauguración de un centro de ingeniería en La Rinconada (Sevilla), la consejera ha precisado que los servicios jurídicos de la Junta son los que tienen que resolver individualmente cada caso, aunque ha insistido en que entiende que la administración pagará la defensa privada si son declarados inocentes.
La juez Mercedes Alaya imputó la semana pasada a una veintena de altos y ex altos cargos de la Junta, entre ellos al viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, y a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez.
En un comunicado, el Gobierno andaluz recordó que, según el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta y del Cuerpo de Letrados, los cargos y funcionarios tendrán derecho a esta defensa "siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores, y que se conceda la autorización correspondiente, previo informe del Gabinete Jurídico, por el titular de la Consejería de quien dependa el afectado".
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