Guatemala, 4 may.- La suspensión provisional del juicio por genocidio que se sigue al exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt y su antiguo jefe de Inteligencia José Rodríguez, es "solo un trámite" y no debe afectar la continuidad del debate, aseguraron hoy fuentes judiciales.
"Las resoluciones emitidas el viernes por la Corte de Constitucionalidad se deberán cumplir de trámite, pero no tendrán ningún efecto sobre el juicio porque las mismas han perdido materia judicial", explicó a Efe el abogado Edgar Pérez, de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), querellante dentro del proceso.
Los magistrados de la máxima corte del país resolvieron anoche "suspender de manera provisional" el juicio, hasta que una Sala del Ramo Penal resuelva en definitiva un amparo que otorgó al abogado Francisco García Gudiel, defensor de Ríos Montt.
La Sala Tercera del Ramo Penal otorgó el 18 de abril un amparo provisional a García Gudiel por la decisión de la jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, donde se celebra el juicio, de expulsarlo de la sala de debates al inicio del juicio el 19 de marzo.
A pesar de que la Corte ya se había manifestado a favor de que García Gudiel fuera restituido como abogado de Ríos Montt y de que el Tribunal Primero A había cumplido con esa disposición, "los magistrados optaron por suspender el juicio hasta que la Sala resuelve en definitiva", explicó hoy una fuente judicial.
Según el abogado Pérez, el amparo de la Sala Tercera "ya perdió materia judicial", porque el abogado ya fue restituido como defensor de Ríos Montt por el Tribunal, por lo que "es solo un trámite" lo que ordenó la Corte.
El máximo tribunal del país también falló el viernes a favor del abogado Moisés Galindo, antiguo defensor de Rodríguez, a quien le concedió un amparo provisional en contra del Tribunal que lleva el juicio por haber éste admitido las pruebas de descargo presentadas por la defensa de los militares.
En su fallo, la Corte ordena la suspensión provisional de "la inclusión de las pruebas de la defensa" mientras se resuelve el amparo otorgado a favor de Galindo, quien alegó que el Tribunal no tenía facultad para aceptarlas y que, por lo tanto, todo lo actuado había sido ilegal.
"Este amparo también es puro trámite, porque ya la semana pasada el Juzgado Primero A de Mayor Riesgo cumplió con lo ordenado por la Corte de admitir las pruebas de la defensa", lo que implica que "ya no tiene sustente ni materia".
Una fuente de la Fiscalía cercana al proceso dijo este sábado a Efe que, tal y como lo explicó el abogado de la AJR, las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad "son de trámite", por lo que "el martes (7 de mayo) el juicio debe continuar".
"Todo esto forma parte de la maraña que se creó alrededor del caso por las decenas de recursos que ha interpuesto la defensa para detenerlo, y que la Corte de Constitucionalidad ha tenido que ir desenredando", explicó la fuente.
Los abogados defensores de Ríos Montt y Rodríguez no se han pronunciado respecto a este enredo legal.
Por su parte, el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, aseguró este sábado en Costa Rica que espera que el juicio "avance" y se llegue a una "sentencia, ya sea a favor o en contra", para evitar, con ello, una polarización de la sociedad guatemalteca.
El mandatario aclaró que su Gobierno "es respetuoso de las instancias encargadas de la Justicia", pero consideró que "es importante que la Justicia prevalezca en Guatemala".
"Lo que pedimos es que haya verdaderamente justicia, que no se parcialice para un lado o para el otro, y evitar que la sociedad guatemalteca se pueda polarizar", agregó Pérez Molina.
El Tribunal Primero A de Mayor Riesgo tiene previsto continuar con el juicio el próximo martes, luego de que el pasado jueves concedió unos días al abogado Otto Ramírez, designado por el Instituto de la Defensa Pública como nuevo defensor de José Rodríguez, para que estudiara el expediente y diseñar su estrategia.
Ramírez asumió el pasado martes la defensa de oficio de Rodríguez luego de que sus defensores originales lo abandonaran el pasado 18 de abril.
Ríos Montt, y de 86 años, y de Rodríguez, de 67, son acusados por la Fiscalía de ser los autores intelectuales de la muerte de 1.771 indígenas ixiles en operativos castrenses entre 1982 y 1983, el en que el primero gobernó de facto el país y el segundo era jefe de Inteligencia Militar.
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