Rodrigo Ordóñez
Dili, 21 dic.- Timor Oriental intenta establecer su identidad y el orden en sus barriadas con la Policía Comunitaria, que se sirve de la prevención y del permiso de la vecindad antes que de la autoridad y el uso de la fuerza.
Casimiro Leto Bere Plasido saluda efusivamente a todos los vecinos que se encuentra mientras hace una patrulla a pie por uno de los asentamientos que forman el barrio de Becora, en Dili, la capital.
Plasido camina vestido de uniforme por senderos de tierra y sobre el lecho de un río seco, entre casas sencillas y chozas, con una sonrisa y una manera de desenvolverse con los vecinos que recuerdan a la de un cartero rural.
Se para durante unos minutos junto a unos adolescentes sentados a la sombra y les pregunta por qué no están en el colegio.
La seguridad era la gran incógnita de la independencia de Timor Oriental en 2002. Expertos de la ONU y otras instituciones dudaban de la capacidad de las nuevas autoridades para garantizar el orden, y sus temores se cumplieron.
La joven nación se halló al borde de la guerra civil en 2006, al año siguiente de que Naciones Unidas se retirase del territorio, y solicitó el regreso de los "cascos azules".
Dos años después, un atentado múltiple casi mata al presidente timorense, el nobel de la paz Jose Ramos-Horta.
Desde entonces se han producido avances, como elecciones democráticas y pacíficas y, de nuevo, la retirada de la ONU, de la que se cumplirá un año el próximo diciembre.
Signos del pasado y la situación actual se pueden contemplar en la Avenida Presidente Nicolau Lobato de Dili, donde los negocios y viviendas están protegidos con vallas y alambres de espino.
En muchos de los cruces y rotondas de la capital aún quedan garitas de vigilancia con los logotipos de UNPOL y PNTL (Policía Nacional de Timor de Leste) unidos por un apretón de manos, aunque en la actualidad están vacías y solo las visitan grafiteros y vecinos a los que les gusta para charlar.
Para Plasido, su experiencia trabajando junto con UNPOL no fue muy buena y recuerda que "la policía de la ONU nunca se bajaba del coche".
Su expresión cambia completamente cuando se le pregunta por el contingente neozelandés.
"Los policías neozelandeses patrullaban a pie y este método era de mucha ayuda para la comunidad, al poder pararse, preguntar a la gente si tenían algún problema, y después hacer seguimiento de cada caso", detalla el timorense.
Plasido opina que la percepción del cuerpo es mucho mejor desde que las fuerzas internacionales dejaron el país.
"La gente confía en la Policía Nacional. Tenemos buenas relaciones con la comunidad; somos uno", señala entrelazando los dedos de sus manos.
Aparte de acudir a la Policía cuando tienen algún problema, los ciudadanos asisten a los agentes cuando necesitan transporte.
Con apoyo técnico de The Asia Foundation, la Policía Comunitaria también organiza reuniones vecinales para identificar problemas y ejercer funciones de mediación en los barrios y los pueblos del país.
La violencia doméstica, las disputas sobre la propiedad de terrenos y los altercados provocados por jóvenes ebrios son los tres problemas más habituales.
En el pueblo de Cribas, en el distrito de Manatuto, en el centro del país, se ha organizado una de estas juntas para presentar la nueva ley contra la violencia doméstica y en el turno de preguntas uno de los asistentes inquiere quién tendría la custodia de los niños en caso de divorcio.
Según el director del programa de seguridad de The Asia Foundation en Timor Oriental, Todd Wassel, "la Policía Nacional, aunque tiene menos recursos que cuando la ONU estaba presente, ha logrado asumir el papel policial ejecutivo con propiedad".
En su opinión, "a pesar de que las comunidades se mostraron incómodas con la retirada de UNPOL y de que la transición no fue del todo perfecta, nunca se materializó la ruptura del orden público o el aumento del crimen que algunos auguraban".
El director de la fundación Fundasaun Mahein, Nelson Belo, cree que el camino de Timor Oriental para garantizar el orden público pasa por reforzar las instituciones, pero, según él, no hay disciplina a la hora de gastar el dinero público ni un plan efectivo para financiar a la Policía.
"El 80 por ciento de las fuerzas policiales están en las provincias, pero el 80 por ciento de los recursos están destinados a Dili", apunta Belo.
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