Tres ministros y el FGE se reúnen mañana con asociaciones de "niños robados"

Madrid, 11 abr.- Los ministros de Interior, Justicia y Sanidad, Jorge Fernández, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Mato, respectivamente, además del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se reunirán mañana con los representantes de las asociaciones de afectados por la causa de los "niños robados".

La reunión, que tendrá lugar en el Palacio de Parcent, sede del Ministerio de Justicia, es la segunda que mantiene el Gobierno con las asociaciones, ya que el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, mantuvo el pasado 10 de febrero una primera toma de contacto con ellas.

Este encuentro tiene lugar en una jornada en la que la religiosa María Gómez Valbuena, más conocida como sor María, declarará en calidad de imputada ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que investiga la causa de los "niños robados".

Los ministros, según ha señalado una de las asociaciones -la Plataforma de Afectados por la Causa de los Niños Robados- expondrán en el encuentro las actuaciones realizadas hasta el momento en la materia y las posibilidades de actuación de sus respectivos departamentos.

Torres-Dulce también hará un repaso de las medidas adoptadas por la Fiscalía.

Por su parte, las organizaciones de afectados les harán llegar sus reivindicaciones, entre las que se encuentra la de desvincular la búsqueda de familiares de la investigación judicial para que las denuncias, que se tramitan por la vía penal, no sean archivadas.

Las asociaciones sostienen que las denuncias que presentan los afectados se tramitan por lo penal, una vía que obliga a buscar a los culpables de los hechos, y si éstos no están identificados, el procedimiento se archiva y con él la búsqueda de los familiares que fueron robados.

Por ello, los afectados piden que el tratamiento de responsabilidades penales y los de búsqueda sean gestionados de forma "totalmente independiente".

Asimismo, solicitarán que la Comisión de Justicia lleve a cabo actividades que competen a la causa de los "niños robados" o, en su defecto, que se cree una "comisión interdepartamental" o "un grupo especializado de investigación" de ámbito nacional y que ofrezca cobertura internacional en este asunto.

En lo que respecta al fiscal general, las asociaciones pedirán que inste a las fiscalías provinciales a adoptar actuaciones de "uniformidad" con la base de detención ilegal, para que no se archiven las denuncias.

También reclamarán que en las audiencias provinciales se implanten oficinas específicas de atención a las víctimas por la causa de niños robados o bien en los órganos judiciales de competencia desde las distintas comunidades autónomas.

Por otra parte, pedirán que se eliminen "las trabas burocráticas" para acceder a los archivos de hospitales y cementerios, entre otros, para facilitar las investigaciones, así como que los afectados se incorporen a la base de datos del banco de ADN que dispone el Instituto Nacional de Toxicología.